Cuando asumió como gobernador, Romero dejó a cinco mil personas sin trabajo señalando que era una medida necesaria para que la Provincia sea viable, sin importar las personas. En esa decisión no se vio un espíritu solidario; simplemente se dejó gente en la calle y algunos cerraron con el suicidio la tragedia que les tocó enfrentar. No se tuvo en cuenta el impacto social, lo que es clásico en hombres que manejan finanzas y nada saben de solidaridad precisamente. No se deben a un pueblo, se deben a los números; así, fríamente.
Luego que en noviembre de 2017, los gobernadores de 23 provincias firmaran con la Nación el Pacto Fiscal, Fernando Yarade completó el ordenamiento de las cuentas públicas al que obligaba ese acuerdo con un decreto de reducción del gasto del Estado. Luego que la Legislatura aprobara la adhesión, disponiendo también una reforma tributaria, se emitieron disposiciones de ajuste provincial. Se estableció que debía jubilarse toda persona mayor, rompiendo la resistencia de quienes pasaron a percibir haberes equivalentes a un 40% de su salario de activo. Se fueron todos, sacaron gente del sistema pero no agregaron los trabajadores que están en una situación irregular. Se impone la pregunta: ¿a cuántos sacaron y porque no blanquearon a los que estaban en negro?.
Es un problema de insensibilidad y Urtubey compró mal. ¿Porqué si jubilan a dos no le dan entrada a dos que están en una relación precaria desde hace diez años?. El Estado sigue dando trabajo en negro a la gente. Lo hace a través de los Municipios y por eso se ha pedido desde Diputados que se dé explicaciones a la Cámara por parte de todos los gerentes de hospitales respecto de las razones por la que pasan por encima del Ministro de Salud con el nombramiento de personal.
Es una política sin miramientos hacia las personas, como la que aplica el presidente Mauricio Macri a nivel nacional. Ahora emerge en la superficie porque Urtubey ya no está en la Provincia y cuando le consultan sobre el personal en situación de precariedad, dice que se ajusta a lo que dice la ley fiscal aprobada por la Legislatura. 
Es una travesura muy bien hecha por Yarade y Romero. Las personas que reclaman no son tales para ellos; son números. El Gobernador no tiene otra respuesta a no ser que se vea forzado por la situación para que cambie esa ley que dice que no puede tomar más empleados. 
En tanto, se debe ver la cantidad de secretarias nuevas que tomaron para la campaña electoral o la gente de prensa incorporada. Nosotros decimos que el gobierno de Macri es una timba financiera y el de Salta es igual. El Gobernador está descuidando su gestión y el propio Jefe de Gabinete ha reconocido que es él quien está manejando la Provincia. 
Estamos en sus manos y a estos conflictos los va a tener que solucionar.