La norma no demanda mayores fundamentos y cumple una formalidad a partir del acuerdo prestado por el Senado el viernes 3 de mayo. Se limita a señalar que en virtud de lo establecido en los artículos 101 y 156 de la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo debe dictar el decreto de nombramiento pertinente. En principio, sólo restaría la asunción del flamante miembro de la Corte de Justicia por los próximos seis años.

Sin embargo, está viva la polémica desatada por la postulación de quien es todavía el Procurador General de la Provincia hasta tanto se publique el decreto aceptando su renuncia, que ya ha presentado. Muchos aspectos del procedimiento de designación desvelan a los especialistas en Derecho Público que están ante un caso sin mayores antecedentes en la Provincia.

Salta se está destacando por el poco cuidado que desde el poder político se tiene por la calidad institucional. El Poder Ejecutivo viene desplegando una conducta autocrática ante una Legislatura y una Justicia que se allanan a su voluntad. Es así que una Cámara de Diputados que constitucionalmente debe integrarse con 60 miembros, cuenta con 61 ante la decisión del oficialismo de sumar un legislador más a su bloque, aprovechando el resquicio que dejó la suspensión de un diputado.

La Constitución de la Provincia está resultando un compendio de sugerencias que pueden aceptarse o no, según la conveniencia del gobernante. Es así que la decisión de un intendente de dejar su cargo antes de cumplir dos años de mandato, no generó su reemplazo por la vía de la convocatoria a elección del electorado del municipio. Torpemente se transitaron atajos que mostraron el esfuerzo por eludir la norma constitucional. El caso Leavy es emblemático, porque el actual diputado nacional facilitó que su mandato sea completado por su propio hermano concejal.

Ahora es el turno de la Corte de Justicia. En ámbitos académicos se discute si la designación de López Viñals debiera haberse realizado hasta completar el mandato de quien dejó la vacancia. Hay una fuerte corriente de opinión que señala que no puede extenderse más allá de mayo de 2020, cuando vencía el mandato de Abel Cornejo. Similar criterio correspondería aplicarse en el caso del reemplazo de López Viñals en la Procuración, cuyo mandato también vence el próximo año, para el que ha sido postulado Cornejo.

Los planteos en torno de esta cuestión no son un entretenimiento de diletantes. Expresan la preocupación por el decaimiento de la ética pública,

Salta, 07 de mayo de 2019.