Victoria López Núñez
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, aseguró que la principal preocupación de los comerciantes de la provincia no es el crecimiento de plataformas digitales como Mercado Libre, sino la competencia del contrabando y la informalidad.
En Pelo y Barba por Aries, el dirigente sostuvo que los negocios tradicionales deben adaptarse al comercio electrónico y ofrecer precios competitivos, pero advirtió que la desigualdad aparece cuando deben competir con vendedores que no cumplen las mismas obligaciones impositivas.
“Nuestra competencia no es Mercado Libre, sino el contrabando, la ilegalidad. Esa es nuestra competencia mayor”, afirmó.
Herrera señaló que, según sus cálculos, los impuestos representan alrededor del 40% del precio que paga un consumidor, una carga que coloca a los negocios registrados en desventaja frente a quienes comercializan mercadería informalmente.
También cuestionó el funcionamiento de los controles estatales, al considerar que las inspecciones se concentran en los comercios habilitados mientras la venta informal continúa desarrollándose.
“Nos salen a controlar a los comercios formales y a los informales los ven pasar”, reclamó.
La preocupación se profundiza en localidades como Aguas Blancas, Salvador Mazza, Orán y Tartagal, donde la actividad comercial está estrechamente vinculada al intercambio fronterizo.
Herrera anunció una reunión para este jueves a las 18:30 con representantes comerciales de esas localidades, integrantes de CAME y autoridades vinculadas al sector.
El encuentro tendrá como uno de sus ejes las disposiciones de ARCA sobre el traslado de mercadería y las dificultades que enfrentan los comerciantes del norte provincial.
El dirigente cuestionó que algunas decisiones nacionales se adopten sin contemplar las particularidades de las economías fronterizas.
“Tenemos que ver cómo hacemos para que realmente el comercio del interior de nuestra provincia no se termine ahogando como se está ahogando”, advirtió.
Finalmente, defendió la necesidad de promover el comercio legal con Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay, pero insistió en que deben existir condiciones equivalentes para quienes cumplen con sus obligaciones.
Aseguró que fortalecer la formalidad también significa proteger el empleo registrado, los aportes jubilatorios y el financiamiento de los servicios públicos.
