El Senado otorgó acuerdo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo para designar a María Edith Rodríguez en el cargo de Fiscal ante la Corte N°2, para cubrir la vacante que dejó en 2023 la exfiscal, Patricia Josefina Di Paolo, con su jubilación. La decisión se tomó con dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que preside Jorge Soto y luego de la entrevista correspondiente.
El pliego había ingresado formalmente a la Cámara alta y se publicó en el Boletín Oficial. En ese momento debía seguir el procedimiento de acuerdo previsto para este tipo de designaciones: la Resolución N°11 dispuso que fuera puesto a consideración de la comunidad y que interviniera la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.
Dos antecedentes
Rodríguez se desempeñó como jueza de Garantías y luego como jueza del tribunal de Impugnación Sala II. Dos de sus decisiones tuvieron fuerte repercusión mediática por sus efectos sobre la difusión de información en medios y sitios digitales.
Caso Teruel. Hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la defensa de Lautaro Teruel y del grupo "Los Nocheros". Ordenó a las partes y a toda persona que, por su función o participación, tuviera acceso a la causa, que se abstuvieran de revelar a terceros, y en especial a los medios masivos de comunicación, los actos procesales, datos o pruebas recolectadas. En la misma medida también ordenó a los medios locales y nacionales que, al informar, no publicaran ni difundieran la imagen de Mario Teruel, César "Kike" Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y del grupo "Los Nocheros" relacionándolos con la causa que tramita en ese juzgado. Además, dispuso la eliminación, anulación, borrado o desactivación de los registros informáticos (imágenes, videos, datos, comentarios, links, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda) que vincularan la imagen o el nombre de los integrantes y del grupo con la causa.
Caso Sáenz
Cuando Gustavo Sáenz era intendente, Rodríguez prohibió a los sitios digitales Aerom y Ver Noticias la difusión de contenidos referidos a él (y a dos de sus funcionarios), y les ordenó el cese inmediato de toda difusión de carácter "injuriante, irrespetuoso, agraviante y destinada exclusivamente al ataque de la honra, dignidad y honor" del jefe comunal. Diversos sectores periodísticos y organizaciones manifestaron su rechazo al fallo. Consideraron que la medida sentaba un precedente de censura previa que afectaba el libre ejercicio del periodismo en la provincia.
