Victoria López Núñez
El Gobierno de Bolivia eliminó completamente la subvención al gasoil y dispuso que, desde ahora, su precio se determine de acuerdo con el costo internacional de importación.
La medida llevó el valor del litro desde 9,80 bolivianos hasta 17,95 bolivianos, equivalente a unos US$1,83, lo que representa un incremento cercano al 83%.
La decisión fue instrumentada mediante el Decreto Supremo 5716 y comenzó a regir el sábado 19 de septiembre.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, sostuvo que el nuevo esquema busca terminar con el desabastecimiento y reducir el costo fiscal que significaba mantener el combustible subsidiado.
Según datos oficiales, el Estado boliviano destinaba alrededor de US$55 millones por semana para sostener las subvenciones a los combustibles, equivalentes a más de US$2.600 millones anuales.
A diferencia del esquema anterior, el gasoil ya no tendrá un valor fijo.
El precio estará determinado por un sistema denominado Precio de Paridad de Importación, que contempla el costo internacional del combustible, transporte, almacenamiento, financiamiento, inspecciones y tributos aduaneros.
Esto significa que el valor podrá subir o bajar de acuerdo con las condiciones internacionales.
“Desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, señaló Paz al anunciar la medida.
La eliminación de la subvención provocó rechazo entre sectores del transporte y productores bolivianos, que advirtieron sobre el impacto que el incremento puede tener sobre los fletes y los costos de producción.
Organizaciones de transportistas anunciaron medidas de protesta, mientras el Gobierno abrió negociaciones con algunos de los sectores afectados.
Bolivia atraviesa además un escenario de tensión social y mantiene vigente un estado de excepción por otros 90 días, en medio de protestas y dificultades económicas.
La eliminación del subsidio al gasoil forma parte de un programa económico más amplio que incluye un acuerdo por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, aprobado recientemente por el Congreso boliviano.
Para el norte argentino, y particularmente para las zonas vinculadas comercialmente con Bolivia, la evolución de los precios y de las protestas será un punto a seguir por su eventual impacto sobre el transporte y el movimiento fronterizo.
