La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal e imputó formalmente por trata de personas a un empresario gastronómico, acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores dentro de una finca dedicada a la producción porcina y donde también se cultivan y cosechan tabaco y aceitunas. Tras una inspección, autoridades habrían detectado que las personas trabajaban bajo condiciones insalubres.
Tras las actuaciones preliminares que la fiscalía había iniciado en marzo de este año, el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar este miércoles a la imputación formulada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 145 bis y ter del Código Penal. En la audiencia, dispuso también un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación y se le fijó al empresario una serie de medidas coercitivas, que incluyen la prohibición de salida del país y el no tener contacto con determinados empleados.
Al presentar el caso, el Ministerio Público Fiscal, representado también por la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y el abogado José Manuel Lavilla, explicaron que las actuaciones se originaron a partir de una denuncia anónima al servicio telefónico gratuito 145, establecido por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. Allí, se mencionó una posible situación de precariedad laboral en las instalaciones de la finca ubicada en la localidad de Cerrillos.
A partir de ello, y con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una inspección al lugar donde advirtió condiciones insalubres e irregularidades graves respecto a la percepción de ingresos por parte de los empleados.
Tras ello, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares, lo que permitió reunir mayores evidencias de la presunta actividad ilegal. Al mismo tiempo, se notificó al imputado de la tarea que llevaba adelante el MPF.
Durante la audiencia, los fiscales explicaron que algunos de los trabajadores vivían en condiciones de extrema precariedad en habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets, baños de letrinas y para asearse tenían que calentar agua en tachos. En ese sentido, exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación laboral de los 20 trabajadores que se encontraban allí.
