La caída de la actividad económica redujo en cientos de miles de millones de pesos los recursos automáticos que recibió Salta respecto de 2023. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional dejó de financiar programas de salud, transporte, educación e infraestructura, y paralizó obras estratégicas que la Provincia tuvo que sostener con recursos propios, porque su interrupción deteriora la conectividad, frena la producción y posterga soluciones que los salteños necesitan.
Este es el difícil contexto en el que hoy debe tomar decisiones el Gobierno de la Provincia: llegan menos recursos, disminuye la asistencia y aumentan las obligaciones que debemos afrontar con fondos propios. A esto se suma una menor recaudación provincial, tanto por la caída de la actividad económica como por la decisión de reducir impuestos para proteger sectores estratégicos, sostener el empleo y acompañar a quienes producen.
Mientras el Estado nacional se retira de responsabilidades que antes asumía, la Provincia debe establecer prioridades todos los días para sostener los servicios esenciales y evitar que las consecuencias de esa ausencia recaigan sobre los salteños.
Porque cuando Nación deja de financiar el transporte, la salud, la educación o una obra pública, el problema no desaparece. Alguien tiene que hacerse cargo. Y hoy Salta tiene un gobernador que asume esos compromisos, porque detrás de cada una de esas decisiones hay necesidades concretas de los salteños, no simples números en una planilla de Excel.
En ese escenario se alcanzó un acuerdo de compensación de obligaciones entre Salta y Nación. Un acuerdo que permite ordenar una parte de una relación financiera compleja, pero que no cancela los reclamos de la Provincia ni significa aceptar como correcto que Nación se retire de sus responsabilidades.
Quiero detenerme en uno de los temas más importantes de este acuerdo: el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El desistimiento de la vía judicial no significa renunciar al reclamo, aceptar la decisión de Nación ni reducir los ingresos de los docentes. Significa que, más allá del camino elegido para reclamar, existe una decisión política clara: continuar afrontando el pago con recursos propios y seguir exigiendo al Gobierno nacional una política que, de una vez por todas, coloque a la educación y a sus recursos en el centro de las prioridades.
Salta lo hace, y es algo que debe enorgullecernos. Lo hace pagando el incentivo docente. Lo hace destinando fondos propios al equipamiento de las escuelas técnicas y los centros de formación profesional. Y lo hace asignando a la educación el 43% del presupuesto provincial: la mayor porción de todo el gasto de la Provincia.
Esa es la diferencia entre reclamar y desentenderse. Salta reclama lo que le corresponde, pero no utiliza la ausencia de Nación como excusa para abandonar sus responsabilidades. Ordena sus cuentas, establece prioridades y sostiene aquello que considera esencial.
El incentivo docente se paga y se seguirá pagando.
Las cuentas pueden ordenarse. Las obligaciones pueden compensarse. Las vías para reclamar pueden cambiar. Lo que no se negocia es el compromiso del Gobierno de Salta con sus docentes y con la educación.
