Ahora bien, el Ministerio Público no es un tribunal. Los fiscales y procuradores tienen funciones distintas y, por lo tanto, no están sometidos exactamente a los mismos deberes de silencio. La sociedad tiene derecho a conocer qué hacen sus instituciones y la transparencia es una exigencia legítima en una democracia.
Sin embargo, entre el silencio absoluto y la exposición permanente existe un amplio territorio donde habita el equilibrio institucional.
En los últimos tiempos hemos asistido a una creciente presencia mediática del Procurador, Pedro García Castiella. Si bien la intención puede ser comprensible: informar, brindar tranquilidad, explicar procedimientos o transmitir avances en investigaciones de alto impacto público, también corresponde preguntarse si existe un límite razonable para esa exposición.
La justicia trabaja sobre conflictos humanos, muchas veces atravesados por el dolor, la tragedia, la sospecha y la incertidumbre. Detrás de cada expediente hay personas, familias, víctimas, imputados y comunidades enteras afectadas por hechos que todavía se encuentran bajo investigación.
Por eso, cuando una causa se desarrolla simultáneamente en los tribunales y en los medios de comunicación, surge una inquietud inevitable: ¿se está informando a la sociedad o se está construyendo una narrativa pública sobre hechos que aún no han sido definitivamente esclarecidos?
El ciudadano común, en realidad, busca algo mucho más simple que una conferencia de prensa o una declaración periodística. Busca conocer la verdad. Y la verdad judicial no surge de entrevistas ni de apariciones mediáticas, sino de la producción de pruebas, del debido proceso y de las decisiones que adopten los jueces competentes.
Y cuando esa verdad no aparece en el tiempo y se habla mucho de los casos, necesariamente se siembra la duda en los ciudadanos sobre la efectividad de los procedimientos.
Tal vez por eso convenga recuperar una virtud que nunca pasa de moda: el recato institucional. La Iglesia, que en esto de prudencia sabe algo, lo denomina “sigilo”.
No se trata de exigir silencio. Tampoco de cuestionar el derecho de los funcionarios a informar. Se trata de recordar que cuanto mayor es la responsabilidad de un cargo, mayor debería ser la prudencia en el uso de la palabra.
Porque la confianza pública en la justicia no depende de cuánto habla una institución, sino de cuánto logra demostrar en los expedientes aquello que afirma ante la sociedad.
