Buscan conciliar deudas y avanzar en convenios directos con obras sociales sindicales

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una reunión de trabajo con representantes de nueve obras sociales sindicales para analizar la situación financiera del sector y establecer pautas operativas que garanticen la continuidad de la atención médica a los trabajadores.

Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron su compromiso de regularizar las deudas pendientes mediante plazos de pago que no superen los 30 días y avanzar en la celebración de convenios directos con la red de hospitales públicos de la provincia.

Participaron de la reunión Martín Guayamas (Camioneros), Lauro Paz (Luz y Fuerza), Carlos Cabana (SMATA), Jorge Muguertigue (SUETRA), Alfredo Suárez (UOM), José López (Farmacia), Pedro Cruz (UTA), Hugo Díaz (UTEDYC) y Fabián Guerrero (Pasteleros). En la oportunidad, los referentes sindicales expresaron su preocupación por el impacto de la inflación y el incremento de los costos administrativos sobre la sostenibilidad de las obras sociales, y remarcaron la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con la cartera sanitaria para preservar el acceso a las prestaciones de salud.

Como principal resultado del encuentro, se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente destinada a conciliar los saldos deudores acumulados, agilizar los circuitos administrativos y avanzar en la implementación de convenios directos entre las obras sociales y los hospitales públicos.

En ese marco, también se impulsará la digitalización de la facturación de las prestaciones y el fortalecimiento de las auditorías médicas sobre insumos y prótesis, con el objetivo de reducir los tiempos administrativos, optimizar el control del gasto y garantizar la regularidad de las transferencias financieras.

Asimismo, se abordó la problemática del cobro indebido de plus médico por parte de algunos profesionales. Los representantes sindicales señalaron que esta práctica perjudica tanto a las obras sociales como a los trabajadores afiliados, quienes en muchos casos afrontan gastos adicionales o evitan realizar denuncias por temor a que ello afecte su atención. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública y las obras sociales acordaron avanzar en mecanismos conjuntos de fiscalización y control para regular estos cobros y erradicar las prácticas irregulares, garantizando una atención equitativa y el respeto de los derechos de los afiliados.