El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
Insensibilidad
Todo el país se sacudió en las últimas jornadas en torno a la decisión del Ejecutivo Nacional de establecer una compensación a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso y el consiguiente encarecimiento del gas cotizado en dólares. El resultado fue la judicialización de la medida, expresada en una denuncia penal contra el funcionario que suscribe la resolución pertinente y una catarata de amparos presentados desde Jujuy a la Patagonia.
Opinión09/10/2018
Con excepción del propio Secretario de Energía, obligado a fundar la decisión, esta vez el Gobierno de Cambiemos no logró ningún apoyo, ni siquiera de sus referentes más destacados. “No es lo que acordamos”, dijo resentido el gobernador jujeño –el radical Gerardo Morales- dispuesto a defender a la base electoral de la alianza: la clase media. En una toma de posición netamente política, entendió que hacia abajo, otros afectados tienen el blindaje de la tarifa social.
El fiscal federal Guillermo Marijuan, de indiscutido prestigio por su lucha contra la corrupción sin alineamientos políticos, tomó el camino de la denuncia contra Javier Iguacel, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y solicitó una medida cautelar para suspender el pago extra que regirá desde el 1 de enero de 2019, en forma retroactiva y en 24 cuotas con interés.
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, que viene frenando las embestidas tarifarias del gobierno macrista, se puso de inmediato en movimiento, interponiendo una acción de amparo colectivo de alcance nacional, basándose en la inconstitucionalidad y nulidad de la polémica Resolución 20. Simultáneamente y en la misma línea se repitió la acción en juzgados federales de cada punto cardinal del país.
Salta no fue la excepción y hacia la Justicia Federal con asiento en Capital fueron Santiago Manuel Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de Salta y el legislador nacional Javier David y otros sectores, como ONG defensoras de derechos de consumidores mientras que la comisionada a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Capital se sumó una presentación que realizaron sus pares de todo el territorio. Se espera a medida que vayan sesionando, el pronunciamiento político de cada cuerpo legislativo.
En más de 20 carillas, la presentación de los diputados salteños no deja resquicio sin escrudiñar al momento de solicitar que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución 20 por ser manifiestamente arbitraria, vulnerar la Constitución Nacional y poner en riesgo la seguridad jurídica, el patrimonio e intereses económicos de los usuarios. También requiere que la sentencia a dictarse tenga efectos expansivos – erga omnes - para todos los usuarios y consumidores del servicio de gas afectados
En el Congreso de la Nación también hay salteños sumados a la guerra declarada contra el plus que se pretende cobrar en la prestación del servicio de gas. Un proyecto del interbloque Argentina Federal fue firmado por su jefe, Pablo Kosiner, quien cuestionó que el Gobierno haya dolarizado las tarifas, después devaluado, haya elevado la tasa de interés a niveles nunca vistos y ahora traslada sus efectos a los usuarios. En ese ámbito y ante ese cuadro ni los oficialistas se atrevieron a dar explicaciones; por el contrario, hubo voces críticas.
Esta unidad de acción pone de relieve la torpeza de un gobierno que no ha encontrado la senda para solucionar los problemas del país. Y padece de insensibilidad social.
Salta, 09 de octubre de 2018
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