Salta vivió hoy un hecho inédito cuando el Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Salta ofreció una conferencia de prensa. El escándalo generado por un caso de abuso sexual obligó a abrir una ventana en los penumbrosos recovecos materiales que tiene una institución luminosa desde la espiritualidad.
Opinión05/10/2018
El vicario judicial Loyola Pinto dio detalles sobre lo actuado en torno de la denuncia por violación contra un monseñor, cuando ejercía el sacerdocio en jurisdicción de Rosario de Lerma. Informó que está en trámite otro juicio y por la misma causa se resolvió otro hace 4 años. Habrá que confiar en que efectivamente esos son los antecedentes, atendiendo a que el informante dijo que la publicidad de estas cuestiones tiene aspectos positivos y negativos. A su entender, la ventaja hacia dentro de la Iglesia es que los sacerdotes deben entender que no están por arriba de nadie y no tienen privilegios. Otra afirmación inquietante que coloca a estos hombres al margen de la humildad y la caridad que pregona la institución.
Para la sociedad, la publicidad de este hecho ha llevado a poner en su conocimiento la existencia de tribunales especiales, en un país que constitucionalmente tiene establecido que ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Ello aclara un punto muy importante y es que la Iglesia resuelve sus problemas de violación de los principios de su propio derecho sin que se sienta obligada a recurrir luego a los tribunales ordinarios.
Un Tribunal Eclesiástico es un organismo de la Iglesia que presta a la comunidad eclesial el servicio de la administración de justicia. No es una justicia cualquiera, sino de una justicia típicamente eclesial, que busca dar lo suyo a las personas y a las instituciones dentro de la Iglesia y con arreglo a los fines de la misma.
Los Tribunales de la Iglesia ejercen la potestad judicial en nombre del Papa en el caso de los Tribunales de la Rota Romana y la Signatura Apostólica; y en nombre de los obispos en los Tribunales Diocesanos. Todo el funcionamiento de los tribunales es regulado por un derecho peculiar y propio: el Derecho Procesal Canónico.
Son objeto de juicio “la reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos y los delitos, por lo que se refiere a infligir o declarar una pena”, según expresa el Libro VII del Código de Derecho Canónico.
El contacto con la prensa ha permitido tener una versión de los hechos que desde el fin de semana han centrado la atención pública y está obligando a que se ponga una mirada diferente sobre una institución que debe observarse desde la fe pero también como un factor influyente de la vida social. Seguramente que para la Iglesia lo más doloroso fue reconocer que hubo abuso de menores; un caso fue denunciado pero en otros, las víctimas no quieren mediatizar su drama.
En el caso que se hizo público, el Tribunal se tomó su tiempo para llegar a la pena máxima de pérdida del estado clerical del acusado. En ese ámbito no es un caso cerrado ya que también existe la instancia de apelación. Pero es una cuestión que se agota en la Iglesia.
Ahora es el momento de la Justicia ordinaria, que ya ha pedido los antecedentes. Y será la circunstancia que puede tornar un hecho inédito en un hecho histórico.
Salta, 05 de octubre de 2018
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
El ciclo 2026 de Boca Juniors ya tiene su primer nombre propio: Ángel Romero. El atacante paraguayo completó con éxito la revisión médica en el centro Genea y quedó a un paso de la firma de su contrato.
En una negociación relámpago, Boca Juniors cerró este martes la incorporación de Santiago "El Ruso" Ascacibar.
A través de un comunicado oficial, la asociación argumentó que la presencia del artista salteño en un evento de carácter gubernamental resulta “incompatible” con los principios fundacionales de la institución.
Es impulsada por Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Buscan destrabar asistencia para combatir las llamas.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó la iniciativa del Gobierno; atribuye la dura realidad social al avance de las drogas y el narcotráfico para dar respuestas a la inseguridad juvenil.