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La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Política06/01/2026
La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó en las últimas horas los contactos políticos con el Gobierno y con los dirigentes que pueden definir el futuro de la reforma laboral en el Congreso. La estrategia combina conversaciones reservadas con Santiago Caputo, gestiones con gobernadores y legisladores y una postura pública de confrontación.
Pese a las negociaciones subterráneas, en paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó esta semana una nueva gira por las provincias con el objetivo de sumar apoyos para el proyecto del oficialismo.
Desde la conducción cegetista confirmaron a TN que las actividades formales se retomarán en la semana del 12 de enero, con una agenda enfocada en ordenar la estrategia política y legislativa antes de que el proyecto vuelva al centro del debate, en febrero.
Todo se enmarca en un escenario que cambió tas la sanción del Presupuesto 2026. La CGT vio con sorpresa cómo el Ejecutivo logró construir mayorías articulando con las provincias y en la central obrera se impuso una lectura más pragmática. El objetivo de máxima sigue siendo frenar la reforma laboral, pero se impone uno de mínima, que apunta a eliminar los artículos que consideran más sensibles.
Como herramienta de negociación tiene una contrapropuesta que es un proyecto para crear un régimen laboral especial para los menores de 30 años, que flexibiliza las condiciones de contratación para fomentar la creación de empleo.
La CGT sostiene un canal de diálogo abierto con Caputo y con funcionarios del área laboral. Puertas adentro, en la central obrera reconocen las altas probabilidad de que el Gobierno logre avanzar con la reforma, por lo que admiten que el margen real estará en condicionar su contenido.
El principal foco de preocupación es el financiamiento gremial. Allí se concentran los cuestionamientos a las trabas al cobro de las cuotas solidarias y de afiliación, además de los cambios en los mecanismos de retención. A eso se suman los límites al derecho a huelga, con la ampliación de actividades consideradas esenciales, y la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad, un punto que en la CGT definen como innegociable.
También critica que el proyecto no tiene en cuenta al aguinaldo y otros rubros en la base de cálculo para la indemnización por despido y le impide al trabajador reclamar por falta de registración laboral, entre otros puntos.
“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, expresó Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera. La CGT ya avisó que judicializará la reforma si se aprueba.
La conducción de la CGT muestra hacia afuera un discurso duro, con movilizaciones y advertencias de paro general, pero hacia adentro, sostiene la negociación política para desactivar los artículos que considera más conflictivos.
En ese esquema, los gobernadores aparecen como actores centrales. Bajo esa premisa, los principales referentes de la central obrera multiplican reuniones formales e informales con mandatarios provinciales de distintos signos políticos y con referentes territoriales con llegada directa a senadores y diputados.
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“Hubo un trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos” para explicar las consecuencias del proyecto impulsado por el Ejecutivo, admitió Sola.
En la central obrera, aunque creen que la reforma laboral tiene una carga política distinta a la del Presupuesto, intensifican las conversaciones con gobernadores peronistas, radicales y dirigentes provinciales con buen vínculo con la Casa Rosada y aseguran que, aun con matices, encontraron buena receptividad.
Mientras la CGT mueve sus fichas, Diego Santilli retomará esta semana una nueva gira por las provincias con el foco puesto en consolidar apoyos para el oficialismo.
“El ministro se queda en enero y se va a juntar con los gobernadores para alcanzar los votos y sacar la aprobación de la reforma laboral en febrero”, indicaron en Casa Rosada. En ese marco, este miércoles viajará a Chubut, para reunirse con el gobernador Ignacio Torres.
En la lista de jefes provinciales que recibirán al ministro del Interior aparecen los mandatarios dialoguistas que apoyaron al oficialismo para aprobar el Presupuesto 2026, entre ellos, Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).
El cruce de agendas anticipa un verano de negociaciones intensas y de construcción política silenciosa. En la CGT lo asumen como un escenario abierto, con internas propias y tensiones externas, pero con una hoja de ruta clara: condicionar la reforma laboral antes de que llegue al recinto y llegar a febrero con los acuerdos necesarios para incidir en el resultado final.
Con información de TN

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