Desalojo en Las Pailas: “Antes arrendaban, después dijeron que las tierras eran suyas”

En medio del conflicto por el desalojo de familias de una comunidad indígena en Las Pailas, departamento Cachi, en N&N, Florencia Wayar, propietaria de las tierras en disputa, aseguró que el origen del proceso judicial se remonta a 2010 y afirmó que durante estos años sostuvo reclamos para recuperar la posesión del terreno.

Según relató, el conflicto comenzó cuando decidió no renovar contratos de arriendo con algunas familias que ocupaban parcelas dentro de la finca y posteriormente inició acciones judiciales para avanzar con el desalojo.

Wayar sostuvo que hasta ese momento no existía una organización comunitaria formal y cuestionó el proceso mediante el cual se constituyó la comunidad. En ese sentido, afirmó que algunas personas fueron asesoradas para reclamar derechos territoriales bajo reconocimiento indígena y aseguró que eso derivó en enfrentamientos dentro del lugar.

“Yo crecí con esta gente y siempre tuvimos relación, pero después empezaron los conflictos por la tierra”, expresó.

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La propietaria también cuestionó relevamientos realizados durante aquellos años y sostuvo que, según su postura, no se verificó adecuadamente la titularidad registral de las parcelas. Además, manifestó que considera que hubo irregularidades en los procedimientos administrativos que derivaron en el reconocimiento territorial.

Wayar remarcó que mantiene documentación que acredita la propiedad y señaló que su familia históricamente estuvo vinculada a la producción en la zona.

En relación con la situación actual, indicó que dentro de las tierras permanecen alrededor de cinco familias y sostuvo que la ocupación no responde al funcionamiento de una comunidad en términos colectivos sino a ocupaciones individuales de distintos sectores.

Asimismo, recordó que durante estos años presentó denuncias judiciales y afirmó que el expediente continuó su curso. “Llevo 16 años pidiendo justicia”, señaló.

La propietaria también mencionó que en años recientes se registraron nuevos episodios de conflicto vinculados al uso del terreno y aseguró que hubo intentos de ocupar otros sectores de la finca.

Finalmente, sostuvo que espera una resolución definitiva por parte de la Justicia y remarcó que, a su entender, en el caso también debe contemplarse el derecho a la propiedad privada establecido por la legislación vigente.