Desalojo en Cachi: denuncian violación de derechos indígenas y apuntan a la Justicia

La polémica por el desalojo de familias de una comunidad indígena en Las Pailas, en el departamento Cachi, continúa sumando cuestionamientos. En diálogo con N&N por Aries, el vicepresidente de IPPIS, Ulises Yáñez, denunció irregularidades en el procedimiento judicial y sostuvo que se vulneraron derechos reconocidos a los pueblos originarios.

Según explicó, el conflicto tiene origen en una causa iniciada en 2010. Yáñez recordó que la aplicación de la Ley 26.160 permitió suspender órdenes de desalojo mientras se realizaban relevamientos territoriales y señaló que, en 2014, el Estado reconoció la ocupación actual, pública y tradicional de la comunidad.

“Es una causa que debería estar prescripta”, afirmó, y aseguró que tanto el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), como la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), realizaron presentaciones para evitar el avance del proceso, sin obtener respuestas favorables.

Cuestionamientos al operativo

Yáñez apuntó contra el desarrollo del procedimiento y sostuvo que la orden judicial contemplaba una fracción específica del terreno, pero que el operativo terminó afectando a otras familias que residían en la zona.

En ese sentido, señaló al juez de Paz de Cachi, Nicasio Rafael Mamani, por la ejecución de la medida y afirmó que existieron interpretaciones que excedieron los alcances originales de la sentencia.

También sostuvo que la jueza en lo civil y comercial María Fernanda Diez Barrantes no hizo lugar a distintos planteos presentados por organismos vinculados a la protección de los derechos indígenas.

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La disputa por la propiedad

Consultado sobre los demandantes, Yáñez identificó a integrantes de la familia Wayar y sostuvo que la comunidad habita el territorio desde hace varias generaciones.

Según explicó, gran parte del conflicto se vincula a antiguos contratos de arriendo que, afirmó, fueron firmados por pobladores originarios en contextos donde no existía el actual reconocimiento constitucional de los derechos territoriales indígenas.

“La comunidad viene viviendo allí desde hace generaciones”, aseguró.

Temor por futuros conflictos territoriales

El dirigente indígena también vinculó el caso con el escenario político nacional y expresó preocupación por posibles antecedentes que puedan derivar en nuevos litigios sobre territorios ocupados por comunidades originarias.

En ese marco, advirtió sobre el interés económico existente en distintas regiones de los Valles Calchaquíes y mencionó la presencia de antiguos cateos mineros en la zona.

Convocatoria a manifestaciones

Finalmente, Yáñez informó que integrantes de la comunidad y organizaciones indígenas continuarán realizando movilizaciones y presentaciones judiciales para revertir la situación.