Paradas libres de taxis: el fin de los “privilegios para unos pocos”

La aprobación del nuevo régimen de paradas libres de taxis en la ciudad de Salta apunta a terminar con el uso exclusivo o preferencial de determinados espacios y a garantizar igualdad de condiciones entre los trabajadores del sector.

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante y establece que todas las paradas habilitadas, tanto las actuales como las que se creen en el futuro, podrán ser utilizadas por cualquier licenciatario o conductor habilitado.

“Las paradas no son propiedad privada”

El concejal Gustavo Farquharson sostuvo  en Pelo y Barba, por Aries, que la norma busca garantizar igualdad de oportunidades dentro del sistema de taxis.

“Las paradas de taxis que existen en las calles de Salta no son propiedad privada, no pertenecen a ningún grupo en particular y no pueden convertirse en un privilegio reservado para unos pocos”, señaló.

El edil remarcó que se trata de espacios públicos administrados por el Estado para brindar un mejor servicio a la comunidad.

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Qué busca cambiar la ordenanza

Farquharson advirtió que durante años se consolidaron prácticas que, en los hechos, generaron paradas exclusivas o de uso preferencial para determinados sectores.

Según planteó, muchos trabajadores del volante vieron limitadas sus posibilidades de acceder a distintas paradas de la ciudad, pese a contar con habilitación para prestar el mismo servicio.

“Esta ordenanza busca terminar con esas desigualdades. No elimina paradas, no perjudica a los usuarios y no restringe derechos; por el contrario, amplía derechos”, afirmó.

Beneficios para usuarios y choferes

El concejal también destacó que el nuevo régimen puede mejorar la distribución de los vehículos, optimizar la rotación en las paradas y favorecer una utilización más eficiente del espacio público.

Desde su mirada, la ciudad necesita modernizar sus sistemas de movilidad, transparentar los mecanismos de funcionamiento y garantizar que los bienes públicos sean efectivamente públicos.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial será la autoridad de aplicación. El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 90 días desde la promulgación para adecuar la reglamentación, la señalética urbana y las disposiciones operativas.