La decisión de la Secretaría de Trabajo de la Nación de convocar a los sindicatos a renegociar alrededor de 150 convenios colectivos, a partir de enero de 2027, más que una medida de carácter administrativo es la aplicación de una política cuyo alcance se observará a partir de su ejecución. Este avance convierte a la propuesta de modernización laboral en un principio de organización social de trascendente relevancia.
Previo a este punto hubo una intensa actividad en orden a paralizar mediante decisiones judiciales lo que la política había dispuesto en febrero pasado, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.802. Fue un intento que no impidió que actualmente se encuentre vigente representando una de las modificaciones más profundas que sufrió el derecho laboral argentino en las últimas décadas.
Los especialistas van advirtiendo respecto de cuáles reformas son las más significativas y advirtiendo a la dirigencia gremial con qué van a tener que lidiar en este tiempo. Será ella la que deba explicar a sus bases el alcance de los cambios que no negoció con efectividad. Precisamente, la obligación de discutir los convenios es uno de ellos, tal como lo destacó el abogado laboralista salteño Desiderio Diez, quien reconoció que es uno de los aspectos menos difundidos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, pese a su importancia.
Es que durante décadas, los gremios y las patronales sostuvieron un entramado convencional que deberá revisarse totalmente. Algunas disposiciones, según la rama de actividad que se trate, fueron producto de negociaciones que no siempre se llevaron adelante de manera armónica. Hay una larga historia de conflictos que pueden repetirse en el proceso que habilitó la nueva ley.
Es que si se repasan algunos de los propósitos que busca el nuevo modelo de gestión política casi podría afirmarse que vienen tiempos de fuertes confrontaciones . Referentes de la Confederación General de Trabajo ya hablan de “una extorsión”, que busca cambiar los ejes vertebrales de la estructura actual de los convenios, para que pasen de ser acuerdos generales a convenios por rama de actividad; que se transformen de acuerdos nacionales a regionales o por empresa, para dotarlos de una mayor flexibilidad.
Respecto de aspectos que suelen ser fundamentales en cada negociación, como la cuestión salarial, se permitirán puntos referenciales diferentes, al extremo que se permitirá que partes del salario queden atadas a variables como el desempeño individual, la eficacia o la situación económica particular de cada empresa. Es cierto que estas condiciones quizás no sorprendan a algunos trabajadores pero sí van a conformar un nuevo marco de relación en las superestructuras.
Es lo que quiere decir la dirigencia de la central obrera cuando denuncia una ofensiva para precarizar el empleo, recortar beneficios y debilitar el poder de negociación de los sindicatos. No señala que sea una estrategia que sorprenda a viejos líderes gremiales porque fue un tema de tratamiento público durante varios meses, hasta que en sesiones extraordinarias la ley se aprobó con el apoyo pleno, por ejemplo, de los legisladores nacionales salteños del oficialismo y la oposición.
Se puede asegurar que los cambios no se reducirán a lo meramente laboral. Se ha ingresado en la etapa inaugural de un cambio de época, que marchará al ritmo de avances tecnológicos y nuevas formas de entender y hacer la política.
Salta 11 de junio de 2026
