El tema dio lugar a un extenso debate en el que se discutieron concepciones ideológicas que determinan las decisiones políticas. En lo que va de la década, es la segunda vez que un debate parlamentario impacta en la facturación de este servicio, ya que el régimen que estaba vigente -que beneficiaba a usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe y la Puna- se amplió en 2021 a un espectro que incluyó a 15 provincias. El clima frío templado fue el requisito para una reducción significativa de los montos que se abonaban, que ahora se duplicarán para la mitad de los actuales beneficiarios.
La iniciativa se impuso con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva. La representación salteña de siete diputados emitió sólo un voto negativo, fundado en eventuales perjuicios sanitarios y por la incertidumbre que genera el destino de recursos del Fondo Fiduciario que sostiene el subsidio y se integra con el aporte de todos los usuarios de todo el país.
Propuesta por el Ejecutivo nacional, la reforma del régimen se planteó con el propósito de pasar de un descuento geográfico automático a uno focalizado según los ingresos del hogar y lograr un ahorro fiscal. Al margen de lo dicho en el debate se observó que también jugaron los objetivos de aportar a la reducción del déficit fiscal, alcanzar la normalización financiera del sistema energético y ordenar las cuentas públicas.
No se expusieron en la discusión parlamentaria datos que de inmediato tomaron estado público y dan cuenta de una deuda cercana a los cien mil millones de pesos que mantiene el gobierno con las empresas productoras de gas por los subsidios del régimen de "Zona Fría". Según un informe publicado hoy por el diario porteño Clarín, esta cifra representa un atraso de hasta cuatro meses en los pagos correspondientes al primer trimestre de 2026 y finales de 2025. Dicha fuente adjudica la situación al esfuerzo que hace la administración libertaria para mantener el superávit fiscal y la ha llevado a pisar los pagos a las petroleras, “lo que generó preocupación en el sector por posibles impactos en las inversiones de Vaca Muerta”.
Las disposiciones de la ley en trámite no solamente dejan restringida su aplicación a la zona original sino que también redujo su alcance al metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora. Esto se hizo notar en el debate por parte de los legisladores patagónicos, quienes subrayaron un perjuicio para la población de las provincias que son las dueñas del recurso que sostiene el consumo en todo el territorio y verán impactadas sus facturas con este afán fiscalista del gobierno de Javier Milei.
Hay una estimación que realizó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana que calculó una suba de 20% en la factura de los beneficiarios plenos porque el descuento ya no se aplicará sobre el total de la boleta, sino únicamente sobre el valor del gas en boca de pozo. El dato que sobresale es que el ahorro fiscal superará los 272 mil millones de pesos.
Desde el oficialismo se señaló que se trata de corregir los efectos de lo que se señaló como un populismo tarifario que se había planteado en anteriores gestiones como política energética. Los resultados se describieron como desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. La oposición, en cambio, definió a la actual ley de zona fría, como "soberanía y federalismo real", por lo que su impacto supera las cuestiones fiscales y financieras. Los gobernadores transitaron una senda pragmática y, como siempre, cambiaron votos por beneficios que se evidenciarían en su propia administración de servicios, que les permitiría mantener tarifas eléctricas subsidiadas para zonas cálidas.
Los usuarios deberán aplicar sus reglas para medir la conveniencia de sostener el equilibrio fiscal a costa de otros valores o insistir en políticas que suelen ser deficitarias.
Salta, 21 de mayo de 2026
