
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
A un día del levantamiento del secreto de sumario en la causa, los investigadores analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas e intentan reconstruir la posible ruta de coimas.
Política17/09/2025A un día del levantamiento del secreto de sumario en la causa más fuerte por presuntas coimas que enfrenta el gobierno de Javier Milei, la Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, una empresa centenaria, cuyos accionistas son Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan.
Según la agencia Noticias Argentinas, el fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.
Los contratos bajo sospecha son aquellos que se firmaron desde comienzos de 2024 hasta la fecha, que serían “centenares”, para la provisión de medicamentos y que los investigadores cuantifican en más de 55.000 millones de pesos. La causa se originó tras la difusión de los audios del ex director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que antes había sido abogado del Presidente.
En distintos allanamientos a las oficinas de la droguería Suizo Argentina, ubicada en el Bajo Belgrano (en la avenida Monroe al 800) y en las sedes de ANDIS, se secuestró documentación que incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería de los Kovalivker.
Según la agencia Noticias Argentinas, los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida por mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma. Esas compras habrían estado a cargo del entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, Daniel Garbellini.
Tras la difusión de los audios, un decreto firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Salud Mario Lugones limitó las designaciones de Garbellini y Spagnuolo.
La investigación, que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, busca posibles irregularidades en las contrataciones públicas, adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado. Y por otro lado estudia un posible circuito paralelo de sobornos, con pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado.
ANDIS: La denuncia que originó la causa
La denuncia que originó la causa la presentó el abogado Gregorio Dalbón y apuntó contra el Presidente, la secretaria general Karina Milei y el asesor Eduardo “Lule” Menem así como contra Spagnuolo y Eduardo Kovalivker por haber “participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos”. El letrado señaló que esa conducta constituiría los delitos de “cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública” y pidió que se investigue una presunta maniobra de “asociación ilícita”.
En la página web de la droguería Suizo Argentina se destaca que “adecuándonos a las nuevas disposiciones legales y las prácticas actuales en términos de Compliance, implementamos nuestro Código de Ética”.
“Esta herramienta nos permite desarrollar nuestras actividades de forma íntegra y transparente, y tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones en situaciones de duda y reforzar los valores que nos representan, junto a nuestros principios de negocio”, aseguran desde la droguería comandada por los Kovalivker y que ahora es investigada por la justicia federal.
La droguería Suizo Argentina se fundó en 1923 y tiene centros logísticos en Ramos Mejía, Junín, Tucumán, San Luis, Mar del Plata y Córdoba. Entre otras unidades de negocio, el año pasado abrió una nueva sobre “salud y nutrición animal”.
Perfil
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
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