El Congreso brasileño impulsa la aprobación de una ley de amnistía que beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a los manifestantes que saquearon los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023.
El Mundo04/09/2025
La medida pretende entrar en vigor inmediatamente después de la sentencia prevista para el 12 de septiembre, generando un intenso debate político.
Partidos como Unión Brasil y Progresistas decidieron abandonar la coalición de Gobierno para apoyar la medida, mientras políticos como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y el pastor evangélico Silas Malafaia lideran la articulación junto a la familia Bolsonaro. La intención de algunos sectores radicales, encabezados por Eduardo Bolsonaro, es aprobar una amnistía “amplia, general e irrestricta” que incluiría a quienes participaron e instigaron los actos, incluso al propio expresidente, habilitándolo para las elecciones de 2026.
La discusión entre el ala radical y el centro se centra en el alcance de la medida. Mientras el primero busca una amnistía sin límites, el centro propone un texto más calibrado, condicionado a que Bolsonaro o sus familiares se retiren de futuras candidaturas presidenciales. En el Senado, aunque hay apoyo a la amnistía, surgen matices: Davi Alcolumbre, presidente de la cámara, busca presentar un texto alternativo al que respaldan los bolsonaristas.
Qué es la ley de amnistía y a quién beneficiaría
Una ley de amnistía es una norma jurídica que extingue la responsabilidad penal de personas o grupos por delitos cometidos en el pasado. Generalmente, se aplica de forma colectiva y retroactiva, eliminando la persecución penal y, en algunos casos, las sanciones impuestas. Su objetivo suele ser promover la reconciliación social y política tras períodos de conflicto o dictadura.
En el caso de Jair Bolsonaro, la ley de amnistía que se busca aprobar en el Congreso brasileño funcionaría para exonerar tanto al expresidente como a los manifestantes involucrados en los saqueos de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023.
De aplicarse, la norma eliminaría la persecución penal contra Bolsonaro y sus colaboradores, incluso permitiendo que recupere su elegibilidad política, lo que abriría la puerta a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2026. Así, un instrumento legal diseñado históricamente para promover la reconciliación social y política se convierte en un recurso político estratégico, con un impacto directo sobre el futuro electoral y judicial del líder brasileño.
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