Se trata de una medida que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en colaboración con la Secretaría de Energía de la Nación.
El Gobierno será querellante en la causa de fentanilo contaminado
El Ejecutivo busca intervenir y dar respuesta una institucional frente a situaciones que “comprometen la salud colectiva”.
Argentina03/07/2025
A través del Ministerio de Salud, el Gobierno se presentó como querellante en la causa por el fentanilo contaminado que derivó en la muerte de 52 personas. El juez Ernesto Kreplak aceptó la solicitud del organismo, porque no encontró incompatibilidades.
Mario Lugones, el ministro de Salud, realizó la presentación con el patrocinio de los equipos jurídicos de la cartera. El documento se basa en el interés legítimo del Estado para “contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.
El ministerio puso a disposición de la Justicia recursos técnicos, científicos y humanos para contribuir con la producción de la prueba y ayudar en la investigación de los hechos.
En total hay 90 casos confirmados de personas afectadas por la administración de este potente opiáceo, distribuido en ampollas presuntamente alteradas durante su proceso de elaboración.
La sustancia fue aplicada principalmente en áreas de terapia intensiva de 19 centros médicos, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.
TN
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El documento adelanta un crecimiento del PBI del 5,5% y una fuerte suba de la inversión. El tipo de cambio se mantendría prácticamente estable.
Entre las normas derogadas hay disposiciones creadas por organismos ya disueltos. La medida busca “simplificar y modernizar” el sistema de control agropecuario.
La falta de prevención, el ajuste en Salud y la interrupción de campañas oficiales dejan a miles de personas expuestas. Los diagnósticos tardíos son casi la mitad de los casos.
Tras el anuncio de una nueva movilización, Salud garantiza que se mantendrán los cupos y se ofrecerán contratos directos con mejores beneficios.
El Estado ya no definirá precios y se limitará a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes.
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