Ivana Chañi
La abogada especializada en Derecho Ambiental, Silvina Borla, se refirió al conflicto ambiental en el Pozo Lomas de Olmedo X-10, operado por President Petroleum S.A. en terrenos fiscales de Pichanal, departamento Orán. En declaraciones a Aries, la letrada remarcó que “no estamos frente a un daño ambiental, sino frente a un pasivo que no ha sido gestionado adecuadamente y oportunamente”.
Borla consideró que esta situación es reflejo de un sistema de control que ha fallado en todos sus niveles. “Tenemos una instancia de prevención, una de reacción y una de recomposición. Cuando llegamos a un pasivo ambiental, es porque el sistema fracasó”, sostuvo. También cuestionó los mecanismos de seguimiento, tanto internos de la empresa como externos del Estado, al aclarar que “no se trata de un accidente ambiental”.
Durante su intervención, la especialista diferenció entre remediación y reparación. “La Constitución te pide recomposición, no remediación. No son términos similares. Reponer el ambiente cuesta mucho, pero es lo que se debe hacer. En su lugar se termina recurriendo a sustitutos como multas o sanciones”, explicó. Asimismo, aclaró que las indemnizaciones por daños particulares no forman parte del derecho ambiental, sino de la esfera de los derechos individuales.
En cuanto al marco legal de Salta, Borla subrayó un conflicto de competencias entre Provincia y Municipios. “Constitucionalmente, la responsabilidad en temas ambientales es del municipio, pero en ciertas áreas como bosques, minería o energía, que es este caso, la Provincia asume competencias que no le corresponden”, advirtió.
Finalmente, destacó el rol de la Justicia en estos casos: “Cuando uno llega a una acción judicial por temas ambientales, el sistema ya fracasó. El juez tiene un rol proactivo: puede ampliar el objeto de la demanda si detecta otras irregularidades”. Para Borla, “es importante determinar las responsabilidades por las fallas en el control” y asumir que las medidas actuales no fueron las que jurídicamente correspondía.
