Napoleón Gambetta explicó que no hubo engaño ni intención fraudulenta y que el Código Penal prevé una figura más leve para estos casos.
Sociedad02/06/2025
Agustina Tolaba
El pasado martes 27 de mayo, Verónica Acosta, una mujer de San Luis, recibió por error una transferencia de 510 millones de pesos, monto que originalmente debía ser de apenas $8000 en concepto de cuota alimentaria. El dinero, que debía ser transferido por el gobierno provincial —encargado de descontarlo del salario del padre de sus hijos—, fue depositado en su cuenta a través de una operación manual realizada por un empleado estatal, quien al día siguiente reconoció su error e hizo una denuncia penal.
El caso escaló rápidamente y hoy Acosta enfrenta una imputación por estafa, un delito que prevé penas de entre un mes y seis años de prisión. Sin embargo, en su columna por Aries, el abogado Napoleón Gambetta, analizó públicamente el caso y sostuvo que la figura penal podría no ser la más adecuada y que la jurisprudencia en este tipo de situaciones es escasa y confusa.
“Lo primero que hay que decir es que si alguien te transfiere un monto por error, vos lo tenés que devolver. Si no lo hacés, puede haber un enriquecimiento sin causa o incluso un delito”, afirmó Gambetta.
El letrado explicó que la justicia tuvo dificultades para encuadrar legalmente este tipo de situaciones, ya que las figuras penales tradicionales no contemplaban operaciones bancarias digitales. A modo de ejemplo, citó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de 2021, en el que una mujer fue acusada por su exmarido tras transferir fondos desde una cuenta bancaria conjunta, años después del divorcio.
En primera instancia, la mujer fue condenada por hurto, pero en segunda instancia fue absuelta. “La cámara dijo que no había hurto, porque el hurto requiere apropiarse de una cosa mueble y acá la plata nunca se ve, es intangible. Es una situación que no estaba prevista cuando se tipificaron estos delitos”, explicó Gambetta.
El abogado también destacó que, en casos similares, la doctrina suele inclinarse por una figura más leve prevista en el artículo 175, inciso 2 del Código Penal: la apropiación de cosa ajena que ingresó al patrimonio por error o caso fortuito. Esta figura no implica prisión, sino una multa de entre $1000 y $15.000.
“No hay estafa si no hay engaño o ardid. En este caso no hubo nada de eso. La plata le fue transferida por error. La figura que mejor encaja es la de apropiación por error, pero no tiene pena de prisión”, remarcó Gambetta.
El caso de Verónica Acosta abrió nuevamente el debate sobre cómo tipificar los delitos en la era digital, donde el dinero ya no pasa de mano en mano, sino de cuenta en cuenta, y donde los errores humanos pueden derivar en pesadillas judiciales.
Celestino Rodrigo, el ministro que llegó de la mano de José López Rega, aplicó un plan de shock devaluatorio que disparó las tarifas y los precios y quedó en la memoria con un nombre indeleble.
Se trata de Francisco Oneto, que representó al Presidente en el caso Libra. Es el cuarto integrante del equipo que defiende al neurocirujano imputado por el fallecimiento del Diez.
Con el apoyo del Juzgado de Garantías N°2 de Orán y Bienestar Animal, quieren darles una nueva vida llena de amor y libertad.
En el marco de los 255 años del natalicio de Manuel Belgrano, la integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCASAL, Irene Romero, resaltó la personalidad multifacética del prócer y su accionar por la libertad de América.
Las auroras australes sorprendieron en la Base Belgrano II. El Servicio Meteorológico difundió fotos y videos del fenómeno.
Una escena cargada de emoción y nostalgia: en un geriátrico, una mujer de casi un siglo de vida celebra el histórico título del Calamar.
La Fiscalía investiga maniobras que habrían generado pagos por trabajos no realizados, con certificados falsos y posible encubrimiento de funcionarios de la Municipalidad de Salta.
Los detalles los precisó el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, en diálogo con Aries. Explicó que significará una inversión de $436 millones mensuales.
El procurador, Matías Risso, adelantó que el municipio se constituye en querellante y, eventualmente, reclamará el resarcimiento económico.
El presidente del Foro de Intendentes de Salta confirmó que los jefes comunales le pidieron que busque un nuevo mandato.
El proceso judicial se inició luego de que el cuaderno personal de la joven señalara al acusado, lo que llevó a la detención y enjuiciamiento de Carlos Ezequiel González en La Pampa.
