La presidenta de la Comisión de Salud reveló convenios sin actualizar, sobreprecios en servicios médicos y contratos incumplidos por empresas privadas que comprometen el financiamiento de la obra social.
Salta23/05/2025
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, expuso una serie de irregularidades administrativas, convenios obsoletos y situaciones de desfinanciamiento que afectan al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).
Cartuccia reveló que los convenios de reciprocidad que mantiene el IPS con provincias vecinas no se actualizan desde hace años. Como consecuencia, una de esas provincias mantiene una deuda con el IPS de 80 millones de pesos correspondiente al año 2022. “La capita que se paga por afiliado es de apenas 15 pesos, mientras el IPS cubre tratamientos que superan los 7 millones en patologías como cáncer, VIH, hemofilia o trasplantes”, advirtió.
También denunció que el convenio con la empresa Ditum —contratada para digitalizar la obra social— ya costó 98 millones de pesos, pese a que “la digitalización no aparece y los carnets entregados no funcionan”. Según Cartuccia, se pagaron 52 de las 62 cuotas del contrato, sin resultados tangibles.
En cuanto a los servicios médicos tercerizados, la diputada puso el foco en el reciente convenio firmado con los anestesistas. La facturación en febrero fue de 480 millones de pesos, mientras que en marzo se disparó a casi 1.000 millones. El acuerdo, rubricado por el interventor del IPS, contempla aumentos progresivos hasta 2026. “Es un convenio que hipoteca el futuro del sistema, ya que no sabemos qué va a pasar mañana pero ya no se puede volver atrás”, afirmó.
Además, Cartuccia cuestionó los convenios que el IPS mantiene con hospitales públicos como el Materno Infantil, el Papa Francisco y el Oñativia, que pasaron de facturar menos 20% a hacerlo con más 40%. “Eso representa una duplicación en las facturaciones que también debe revisarse”, sostuvo.
La legisladora también hizo referencia a la denuncia sobre sobrefacturación en el sanatorio IMAC. “Hay 30 millones que están en el limbo. El interventor debería haber hecho un corte de auditoría y revisar al menos los últimos dos años. No se trata de un error aislado, sino de un patrón que puede repetirse en otros sanatorios”, advirtió.
Cartuccia concluyó que el problema del IPS no se soluciona con ajustes superficiales: “Se necesita control, auditoría seria y una revisión estructural de todos los convenios, porque la fuga de dinero se produce por múltiples canales”.
La mujer que denunció al Presidente de la Agencia Salta Deportes por violencia institucional y de género presentó audios que fueron incorporados a la causa y que revelan un espúreo manejo de fondos públicos.
Después de la denuncia que también reveló un espúreo manejo de $90 millones de subsidios estatales por parte del Presidente de la Agencia Salta Deportes, otra profesora también lo acusó por amenazas y violencia institucional.
La abogada Julia Toyos cuestionó la falta de debate legislativo sobre el futuro del IPS y remarcó que la afiliación al PAMI es optativa.
El Gobernador confirmó que la feria Potencia se realizará en agosto en Tartagal y en septiembre regresará a la ciudad de Salta con más de mil emprendedores.
La iniciativa busca que vecinos puedan donar o retirar prendas de abrigo en el camping Carlos Xamena bajo el lema “Dejá lo que no usás, llévate lo que necesitás”.
El presidente de la Cámara de Comercio provincial celebró la reducción de impuestos pero advirtió que Salta sigue entre las provincias con mayor presión fiscal y pidió profundizar el alivio tributario.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Después de la denuncia que también reveló un espúreo manejo de $90 millones de subsidios estatales por parte del Presidente de la Agencia Salta Deportes, otra profesora también lo acusó por amenazas y violencia institucional.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.
