Casal pidió a la Corte que condene a CFK a 12 años por asociación ilícita en la causa Vialidad

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la ex presidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Casal presentó ante el máximo tribunal un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta. También para que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos.

Así, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya están en condiciones de resolver la causa con la expectativa de cuándo lo harán en un año electoral en el que Cristina Kirchner podría ser candidata y que parte de su condena es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El máximo tribunal tendrá para resolver la postura de la Fiscalía y el pedido de la defensa de Cristina Kirchner que solicitó su absolución, lo mismo que el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py condenó en diciembre de 2022 a Cristina Kirchner por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la absolvieron por la asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado. En ambos casos fue por mayoría 2 votos a 1 porque hubo magistrados que entendieron que la ex presidenta debía ser condenada por la asociación ilícita.

Así lo habían pedido los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y el fiscal de Casación, Mario Villar, con una condena de 12 años. El tribunal oral y la Casación señalaron que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

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En su dictamen de hoy, el procurador Casal apoyó la apelación del fiscal Villar. “El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo Casal y agregó que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”.

El Procurador también señaló que la Cámara de Casación no contestó el argumento de la Fiscalía de que los hechos atravesaron tres gobiernos durante 12 años.

Casal también apoyó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.

Sobre De Vido, el Procurador señaló que “no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.

“De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido—, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, agregó Casal.

Por último, el Procurador avaló el pedido del fiscal Villar para que a los condenados se les decomise la suma de 5.321.049.272,42. Se trata del valor de la defraudación actualizada al momento de ejecutar la sentencia.

El monto fue reducido por Casación. “El Ministerio Público presentó un detallado y minucioso cálculo que no obtuvo por parte de la cámara tratamiento alguno, ya que sólo fue desestimado mediante una fórmula abstracta”, dijo Casal sobre la postura de Casación.

Con información de Infobae