Incomprensión

En febrero pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI iniciaron el control  de un poco más de un millón de las llamadas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Al momento del anuncio de la aplicación de la medida se presentó la situación de ese beneficio como un caso palmario de corrupción.

Muestras aleatorias dieron cuenta del uso indebido de esa asistencia, al extremo de asegurar que había poblaciones donde la mayor parte de los adultos eran discapacitados. En otros casos, la irregularidad estaba en la tramitación cuando una sola radiografía servía para certificar la enfermedad de decenas de personas. Otros datos daban cuenta que personas fallecidas, condenadas o prófugas de la Justicia cobraban la pensión.

Frente a ese panorama se planteó el objetivo de darle mayor transparencia al sistema para que la ayuda llegue únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente la necesiten. Ninguna voz se levantó para oponerse al cuadro de situación ni a la necesidad de llevar adelante la auditoría, organizada en etapas que, según la información oficial, permitirían realizar una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes. 

Sin embargo, el primer trámite -consistente en el envió de cartas documento con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida- puso de relieve que quienes organizaron el operativo hicieron gala de una profunda falta de comprensión de la realidad territorial y de las dificultades logísticas que enfrentan los grupos auditados. Es lo que observaron el Ministro de Salud y legisladores provinciales que, en una primera instancia trataron de facilitar la tarea a los pensionados, a fin que no pierdan el beneficio por los plazos exiguos impuestos y la naturaleza de la tramitación, de carácter digital en áreas que ni siquiera hay señal de internet.

Los detalles que se conocieron en la última sesión de la Cámara alta provincial sobre la imposibilidad de cumplir con la requisitoria coincidieron en muchos casos con quejas expuestas ante Defensores del Pueblo en otras provincias y con presentaciones realizadas ante la Comisión de la Discapacidad de la Diputados de la Nación. El diseño del operativo está lejos de llegar al segundo momento en el que médicos de PAMI deben realizar las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. De allí que la tercera etapa, la de procesamiento de la información para determinar si los pensionados pueden mantener el beneficio o quedar suspendidos, no estaría en condiciones de realizarse en los tiempos previstos ni con la seriedad que la decisión exige. 

El debate que generó esta medida dispuesta por el gobierno libertario ha comenzado a transitar por otros carriles. Se habla nuevamente de Estado presente, para marcar la necesidad que se dispongan políticas públicas que contengan a las franjas más vulnerables de la población y contemplen sus características sociales y culturales.

También se discute si un Estado reducido, como el que pretende la actual administración nacional, sirve para aportar las soluciones que demandan los graves problemas que atraviesan vastos sectores sociales. Sí está probado que un Estado desmesurado termina siendo parte de esos problemas.

En ese punto se puede asegurar que los extremos no sirven para resolver las urgencias que se plantean y mucho menos para acordar qué cuestiones son importantes en un país en crisis.

Salta, 04 de abril de 2025