Privados de rutas

Mientras algunos esperaban que, de una buena vez,  alguien se ocupe de las rutas nacionales, la actual administración anuncio que “no es el Rol del Estado la gestión de las autovías”

Como las rutas están en mal estado y los sucesivos gobiernos no hicieron nada para mejorarlas, entonces hay que privatizar eso también para que las haga el sector privado y las cobre a través de los peajes.

Este razonamiento puede funcionar en la autopista Ricchieri de acceso a la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes se pusieron a pensar cuánto tiene que costar el peaje de la ruta 34, por ejemplo, para que, quien tenga su explotación pueda hacer las obras que hace décadas estamos reclamando? Y estamos hablando probablemente de la ruta más transitada en la provincia de Salta.

No quieran imaginar la ecuación de costo de peaje, cantidad de vehículos que transiten y cantidad de años que se necesitarán para las obras necesarias en las otras rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia y las provincias del norte argentino.

Un castigo más a los habitantes de las provincias más alejadas del puerto y de los centros de consumo. La incidencia del flete agrandará aún más la brecha existente con los que viven en la zona metropolitana, aumentando, no sólo los costos de producción sino también los precios que pagan en góndola los consumidores.  

El decreto 28/25 que inicia el proceso privatizador está amparado en la Ley Bases, aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación. 

En principio, la medida dispuesta por el gobierno nacional está dentro del marco de la ley, pero la pregunta es si este tipo de acciones del gobierno no vulneran la llamada cláusula del progreso, prevista en los incisos 17 y 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional que, al hablar de la atribuciones del Congreso, establecen “proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de todas las provincias...” o cuando establece “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional…”

Conocemos la ideología que inspira ésta y cada una de las acciones del actual gobierno, el tema es que todo debe hacerse dentro del marco de la Constitución Nacional, que es la norma suprema a la que gobiernos y ciudadanos deben someterse para asegurar los beneficios de la libertad, tal como lo señala su preámbulo.