
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
El año se va ordenando en función de un proceso electoral que tendrá a Salta entre las primeras que resolverá su reforma legislativa.
Opinión19/02/2025Si bien las campañas suelen ser momentos perturbadores, sirven para conocer aspectos de la realidad provincial y nacional.
Precisamente mañana se inicia el cronograma electoral para las elecciones del 11 de mayo. La primera acción es la distribución y exhibición de padrones provisorios, una instancia que es muy importante porque le permite al ciudadano revisar su inscripción, que tiene directa relación con el lugar donde deberá emitir su voto, para tramitar correcciones si son necesarias.
Diez días después se abre el período ordinario de sesiones de las Cámaras de Senadores y Diputados. Es el momento en que el Gobernador presenta el estado de la Provincia ante la Asamblea Legislativa y se espera que este 1 de marzo se exponga de manera precisa una situación que es preocupante. “Hay cosas ante las que no nos podemos hacer los desentendidos”, fue el anticipo que vino del presidente del principal bloque oficialista, el justicialista Germán Rallé.
No solo se trata de cuestiones sociales y económicas sino también institucionales. Todo indica que está resentida la relación fiscal entre los gobiernos nacional y provinciales, marcando la necesidad de revisar principios fundamentales de la organización del país. El federalismo hace agua desde hace mucho tiempo y el régimen de coparticipación ya no puede contener las legítimas demandas de todas las regiones.
El impacto de esta situación debe ser informado en el mensaje a la Asamblea Legislativa, porque es lo que está en los cimientos de la pobreza que Salta comparte con las provincias del Norte Grande y determina las dificultades que enfrenta la generación de riquezas. Por caso, el atraso en el desarrollo de la infraestructura productiva no es solo consecuencia de sucesivas administraciones ineficientes sino también del abandono de sus responsabilidades por parte del Ejecutivo nacional. Ello es notable en este primer año de gestión de la Libertad Avanza.
Debe reconocerse que, con mucho esfuerzo, Salta puede mostrar cuentas equilibradas en los últimos cinco períodos fiscales. Pero también hay que señalar que el superávit primario, que se cuestiona desde la oposición frente a necesidades sociales insatisfechas, sirve para cubrir el peso de una deuda pública abultada por sucesivas renegociaciones.
Pero ese esfuerzo está llegando al límite. La asistencia desde la Nación, mediante el ejercicio discrecional para repartir fondos fiduciarios de variada naturaleza que se disponían presupuestariamente, ha desaparecido. Las consecuencias se manifiestan, especialmente, en la caída de la obra pública y en la limitada capacidad de la administración provincial de sostener con fondos propios la calidad de servicios esenciales, como salud, seguridad y educación.
Esta situación está incidiendo en la elección de medio tiempo. El armado de la propuesta que cada sector político pueda hacer está condicionado por factores que se vinculan a la irrupción de un modelo de gestión política que está cambiando prácticas que se venían consolidando en las últimas tres décadas. Además, incide un inquietante panorama internacional, que muestra a la Argentina despegándose de sus vecinos de la región.
El gobernador Gustavo Sáenz se muestra directamente involucrado en el armado de un oficialismo que debe fijar sus límites. No se trata solamente de armar colectoras de votos cuidando el gasto público sino de proponer un proyecto que convoque a unir los esfuerzos hacia un destino común, que sea realista y respete los disensos. La oposición, en tanto, debe exponer el suyo con sentido positivo, sin una crítica reactiva que no ofrezca alternativas.
Los tiempos se van acortando y hay que darle a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre la decisión que va a tomar.
Salta, 19 de febrero de 2025
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
Tres decisiones del gobierno nacional impactaron en territorio sindical, enervando una estructura resistente a los cambios. Anticipan un clima de conflictividad que no frenará el ímpetu reformador, ante la inminencia de la caducidad de las facultades delegadas al Presidente de la Nación.
Uno de los perjuicios más importantes que generaron los modelos neoliberales implementados en nuestro país fue la profundización de las desigualdades entre el interior del país y la zona núcleo.
Este criterio no es novedoso ni aislado, incluso el mismo Colegio de Abogados de Salta el año pasado, se pronunció en la misma línea al respaldar la continuidad de la Dra. Teresa Ovejero.
En pleno año electoral se debate sobre el sentido de las elecciones como elemento de expresión de la voluntad popular. La dirigencia se empeña en usar ese proceso institucional para tomar el poder e incorporarlo a su patrimonio personal. El resultado es el progresivo alejamiento ciudadano y la creciente judicialización de la política.
Cerrado el proceso electoral de reforma legislativa, los actuales legisladores se preparan para analizar importantes proyectos de ley. Se trata de modificar normas para promover mejoras que orienten el desarrollo provincial y promuevan la cantidad y calidad de fuentes de trabajo.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Después de la denuncia que también reveló un espúreo manejo de $90 millones de subsidios estatales por parte del Presidente de la Agencia Salta Deportes, otra profesora también lo acusó por amenazas y violencia institucional.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.