Superávit fiscal: el Gobierno resignará recaudación por el 1,5% del PBI

El Gobierno necesitará compensar ingresos tributarios que el año pasado recaudó y este año dejará de recibir por un equivalente a 1,5% del Producto Bruto para poder terminar el 2025 con equilibrio en las cuentas públicas. La última medida de recorte en las alícuotas de retenciones al campo tendrá un impacto fiscal de entre 800 y 1.000 millones de dólares.

Un informe de la consultora Empiria, que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, planteó que repetir este año la performance fiscal del año pasado, es decir, un excedente financiero que equivalga a 0,3% del PBI “luce desafiante”.

Esa consultora mencionó que por ciertos ingresos con los que el fisco este año no podrá contar, que denominó “déficit inercial”, el Gobierno requerirá de medidas para compensar esa pérdida. Ese punto de partida fiscal de este año estaría marcado por recaudación que no habrá en 2025 como el impuesto PAIS, que se extinguió a fines de 2024, y medidas incluidas en el paquete fiscal como el blanqueo, la moratoria y el anticipo de Bienes Personales. Por esa vía suman 1,5% del PBI, y habrá otro 0,3% explicó por gastos con aumentos automáticos como jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.

“Bajo una proyección razonable pero ligeramente optimista, este déficit podría ser cubierto por la suba de recursos tributarios derivados de la mejora de la actividad y por la actualización del impuesto a los combustibles, así como por la reducción de algunos gastos”, planteó Empiria, entre los que nombró a los subsidios.

De todas formas, la consultora mencionó una serie de desafíos en el plano fiscal, que fue el más sólido para el Gobierno desde que comenzó el mandato libertario. El margen fiscal conseguido durante los primeros trece meses de administración de Javier Milei dieron espacio para una medida como la baja temporal de retenciones, que de todas formas también incluye una perspectiva de necesidad de ingreso de dólares de la exportación más acelerado.

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Entre esos elementos, Empiria enumeró a los subsidios, cuyo ahorro de 0,4% del PBI previsto requeriría ”una suba de tarifas eléctricas de 25% real, no sencilla en año de elecciones”. El Gobierno aplicará aumentos mensuales automáticos en las boletas de luz y gas, según se supo este miércoles.

En segundo lugar apuntó al “impacto de los intereses devengados pero no pagados”. “En 2024 la capitalización sumó 2 puntos adicionales a la cuenta de intereses, convirtiendo el anunciado superávit caja de 0,3% puntos en un déficit financiero de 1,7%”, planteó, en referencia a las Letras Capitalizables del Tesoro (Lecap), cuyo costo de intereses no computa en la contabilidad financiera según el método de la Secretaría de Hacienda.

“Para el 2025 el gobierno proyecta una cuenta de intereses caja aún más baja (1,3% del PIB en 2025, mínimo de los últimos 40 años) por el mayor uso de instrumentos sin cupones (principalmente títulos con intereses capitalizables). Pero más allá de la exposición contable, será necesario más superávit primario para evitar que la deuda pública siga en ascenso”, dijo Empiria.

Los últimos tres factores son las demandas de año electoral entre las provincias, los programas sociales y la obra pública; la dinámica parlamentaria (”el clima en el Congreso no será favorable al gobierno, y muy posiblemente durante el 2025 resurgirán algunos de los proyectos que ya fueron vetados”, alertó la consultora); y por último la apreciación cambiaria, que “complica la rentabilidad de los sectores exportadores y eleva la carga de impuestos distorsivos, potenciando la demanda por reducciones impositivas”, concluyó.

En tanto, LCG planteó que si bien prevé que el 2025 pueda terminar con el superávit de 1,3% del PBI requerido para el equilibrio financiero, también considera que habrá desafíos en este sentido. “Por lo pronto, impactará la eliminación del Impuesto PAIS (1,3% PBI) y la reducción de Bienes Personales (por la baja de alícuotas y los montos ingresados previamente vía el REIBP), además de la reciente baja de retenciones ofrecida al campo (estimamos que sólo por su vigencia hasta junio tendrá un costo fiscal equivalente a 0,13% del PBI)”, sumó.

“En la lógica del Gobierno este avance en la prometida baja de impuestos implicará una nueva ola de recortes en el gasto”, anticipó LCG, y mencionaron que tras un 2024 marcado por podas en gasto previsional, obra pública y transferencias a provincias), habría espacio para ajuste de “gastos operativos, que seguramente concentran todavía nichos de ineficiencia cuya corrección no terminó de madurar este año” y en subsidios que “siguen representando 10% del gasto primario (1,5% del PBI)”.

La baja temporal de retenciones agregará algo más de presión en este frente: el costo fiscal de la medida anunciado por el Gobierno fue de USD 800 millones, pero estimaciones privadas lo calculan más elevado. La consultora Qualy, que dirige la economista Anastacia Daicich, lo estimó en un rango de entre 839 millones de dólares (en caso de que no acelere la liquidación) y USD 1.162 millones, si ese proceso se acelerara un 40 por ciento.

“Vemos grandes posibilidades que (la baja temporal de retenciones) esté orientada hacia la liquidación de stocks retenidos, y consecuentemente a partir de ello construimos nuestra estimación de impacto fiscal en torno a los USD 1.004 millones”, aseguró por su parte Romano Group.

Con información de Infobae