Más voces contra el protocolo antipiquetes de Bullrich

A las fuertes críticas que Amnistía Internacional (AI) dirigió al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, se suman ahora las advertencias de Human Rights Watch (HRW), una organización internacional dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos que aseguró que en su primer año de mandato el presidente Javier Milei promovió regulaciones “excesivas” a las protesta y se aisló del mundo con una política exterior contraria a los derechos de mujeres y minorías. 

En las últimas horas, la entidad difundió su reporte sobre la situación de los derechos humanos en 2024 en todo el mundo. En el capítulo de Argentina, advirtió que durante la presidencia de Milei hubo “recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil contra periodistas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)”.

"Si bien el gobierno puede mostrar como un triunfo haber reducido los cortes de calle, la ciudadanía se enfrenta a un grave obstáculo para poder ejercer, ahora o en un futuro, su derecho a la protesta pacífica”, planteó Juanita Goebertus, directora de HRW para América Latina. 

Para la experta de Human Rights Watch es "preocupante" que el protocolo antipiquetes -tan celebrado por Bullrich como por Milei- "continúe vigente", porque "en la práctica criminaliza cualquier afectación al tránsito que se derive de una protesta".

El informe de HRW
 
En diálogo con Clarín, Goebertus afirmó que "el presidente se ha mostrado intolerante a la crítica, ha promovido regulaciones excesivas a la protesta" y también "amenaza la independencia de la Corte" al intentar designar a sus nuevos miembros. "Su política exterior, contraria a los derechos de las mujeres y las minorías, lo ha aislado de consensos básicos de otras democracias y países occidentales”, añadió.

Según Goebertus, si bien "Milei asumió en un contexto de una grave crisis económica, social e institucional" y "un año después, ha logrado mayor estabilidad en la economía, a través de un inmenso ajuste fiscal", actualmente las "señales institucionales son de aún mayor deterioro”.

La motosierra del ultraderechista, lamentó la experta, tuvo gran impacto en la financiación de programas sociales. “Durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron recortes de entre el 70 % y el 100 %. Los recortes también afectaron a programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad”, repasó.

En medio de los recortes a programas sociales, el mandatario también vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones e incrementar la financiación de universidades públicas, actitud que afectó los derechos de millones de argentinos y argentinas.

En el plano de la seguridad, en tanto, el informe reconoce la baja de los homicidios a nivel país -en Rosario en particular-, en un momento donde América Latina tiene cada vez mayor presencia del crimen organizado. “El mejoramiento del control carcelario sin duda explica en parte estos resultados”, puntualizó Goebertus.

Lo importante, en ese marco, es que "el gobierno se enfoque en mejorar las capacidades investigativas del poder judicial y de los fiscales", opinó, porque "propuestas legislativas como la baja de edad de la imputabilidad penal, modificaciones al Código Penal que buscan ampliar los tipos penales o un involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna normalmente no son efectivas y pueden exponer a la población a abusos”.

"Uso excesivo de la fuerza"

Human Rights Watch no fue la única organización en advertir retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina. El pasado 19 de diciembre, Amnistía Internacional Argentina (AI) publicó un exhaustivo documento con el título Disenso en riesgo, en el cual puso en evidencia que desde el inicio de la gestión del presidente Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas "de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión". 

La ONG destacó que la respuesta estatal a las expresiones callejeras contra las políticas de ajuste oficiales "se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva".

En detalle, AI Argentina contó que fueron 1155 las personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves. Además, 33 personas recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión, como padeció el abogado del Ceprodh Matías Aufieri. De ese grupo, 50 periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos mientras cubrían las manifestaciones, y más de 70 manifestantes fueron detenidos -la mayoría de ellos en cárceles de máxima seguridad- y procesados por participar en las protestas.

Enojada por no poder desmentir los crudos datos del informe, la ministra Bullrich se defendió acusando a AI Argentina de "no entender nada" y estar alejada de la realidad. "En un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le dieran un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza, hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes", afirmó Bullrich en declaraciones radiales. 

"¿Por qué no le preguntan ahora a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros? Que le pregunten también a los mismos piqueteros, que eran llevados y le sacaban una parte de la plata de sus salarios. ¿Por qué no les preguntan a ellos? En vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo", insistió la ministra de Seguridad.

Ante la acusación de que "no entienden nada", Al Argentina respondió: "Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua". 

"Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia", agregó la ONG, al tiempo que recordó que sus reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas y pedidos de acceso a la información pública.

Página12