La titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos confirmó la imputación del diputado kirchnerista por el delito de intimidación pública.
Judiciales15/01/2025
Ivana Chañi
En una conferencia de prensa realizada hoy, la fiscal Sofía Cornejo Solá, a cargo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, informó sobre los avances en la investigación por intimidación pública que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada. "Ayer se notificó la imputación al diputado Estrada. Vuelvo a repetir: la investigación no se inicia contra una persona, sino contra NN, y las pruebas nos llevaron hasta aquí", explicó la fiscal, quien subrayó que los indicios provinieron de informes de empresas como TikTok, Google, compañías de telefonía y declaraciones de testigos.
La causa se enmarca en una serie de videos que, según la Fiscalía, "atacan el orden público provincial" y podrían generar temor en la población. "La gran mayoría de los videos analizados no tenían la entidad de ser delitos, pero otros van más allá de las críticas y buscan desestabilizar causando temor", aseguró Cornejo Solá, quien indicó que el delito de intimidación pública está tipificado en el artículo 211 del Código Penal con penas de dos a seis años de prisión.
Cornejo Solá también aclaró que la investigación es de carácter jurídico y no político. "Esto no es político, esto es jurídico", afirmó, y detalló que la Fiscalía continúa analizando si corresponde derivar el caso a una fiscalía federal debido a la naturaleza de los hechos. "Ante nuevos hechos y la imputación reciente, ahora se hará una evaluación para determinar si corresponde intervenir desde el fuero federal", agregó.
En relación a las pericias técnicas, la fiscal destacó el análisis exhaustivo de dispositivos electrónicos de los imputados, incluido el del diputado Estrada. "Estamos realizando las pericias en los celulares, que son herramientas que pueden proporcionar mucha información. Este trabajo lleva tiempo, pero esperamos tener novedades en diez días", precisó.
Por último, la fiscal se refirió al impacto de los videos investigados. "Estos delitos buscan desestabilizar el orden público. No se trata de injurias o calumnias, que son de acción privada, sino de actos que afectan a toda la sociedad. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y tranquilidad de la población", concluyó Cornejo Solá.
Le impusieron la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberá cumplir reglas de conducta.
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