La muerte de un joven adicto, quien concurrió el viernes pasado al Hospital Miguel Ragone buscando asistencia, concentró las miradas en el funcionamiento de un sistema que manifiesta muchas fallas. Este caso obligó a la intervención de la Justicia que investiga al personal de seguridad y al del nosocomio, atento a que el deceso de Lucas Mercado se produjo en la entrada del establecimiento sanitario cuando pedía asistencia mientras era escoltado por policías. Tenía 19 años y estaba sometido a un tratamiento de rehabilitación.
Tras este doloroso hecho, esta semana se conoció un informe de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Provincial, dando cuenta que durante 2024 de un significativo incremento del número de personas que accedieron a tratamiento y mayor cobertura asistencial. El titular de dicha secretaría, Martín Teruel, subrayó que ese crecimiento fue superior en un 35% en materia de tratamientos y del 51% en internación.
Es cierto que es una mejoría notable si se tiene en cuenta el contexto general, que llevó a que en el pasado año más personas se vuelquen a los servicios que ofrece el Estado, como consecuencia de medidas nacionales que acotaron el acceso a la salud privada. Pero no se debe soslayar la situación puntual de la atención de la salud mental en la Provincia.
Hay dos referencias que describen carencias generadas en políticas interesantes desde su enunciación pero que en los hechos manifiestan desidia y abandono de una problemática dramática, en no pocos aspectos. Una de ellas es la sentencia de una jueza de Orán, que en agosto de 2022 resolvió un amparo colectivo obligando al Estado Provincial a llevar adelante un plan de Salud Mental que incluya refuerzo de personal especializado, adecuación de infraestructura edilicia para la atención de las personas con padecimientos mentales en ese departamento norteño, además de la provisión de medicamentos psicofarmacológicos, entre otras medidas. La otra referencia es que el crecimiento desmedido de consumos problemáticos obligó al Ejecutivo a encarar la recuperación del Hospital Ragone, único especializado en la materia.
La acción desplegada en 2024, pese a los interesantes guarismos dados a conocer por el gobierno de Gustavo Sáenz, está lejos de ser suficiente y así lo ha planteado la Asociación de Psiquiatría de Salta. Su presidenta, la médica Raquel Mussa alertó sobre el estado crítico de la salud mental en la Provincia, frente al cual se manifiesta una “dejadez” alarmante, según expresó. Es así que se llega al extremo que el hospital cabecera manifiesta carencias graves, como la de no contar con desfibriladores ni con medicación u otros recursos para abordar, por ejemplo, una crisis aguda de intoxicación.
En principio se puede asegurar que no hace falta elaborar propuestas porque el Plan Nacional de Salud Mental, para el período 2023-2027, no ha sido derogado; simplemente -o lamentablemente- está desactivado, como muchas otras acciones a favor de la población.
Uno de cada diez argentinos está en riesgo de padecer un trastorno mental y quienes son más susceptibles de sufrirlo son los más jóvenes, de acuerdo a un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se conoció en el Día Mundial de la Salud Mental 2024. El dato marca que es tiempo de priorizar la salud mental, saldando una deuda que fue creciendo con años de abandono.
Salta, 09 de enero de 2025
