La ley nacional de armas y explosivos, ley 20429, fijaba en 21 años la edad mínima para la adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil.
A principios del corriente año anunciaron desde el gobierno la voluntad de introducir modificaciones que contribuyan a “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Lo que apuntaba a nuevos procesos administrativos, más ágiles y simples.
El Poder Ejecutivo Nacional justificó la medida en la armonización de la legislación vigente, “reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los DIECIOCHO (18) años”
Si bien esto es algo que forma parte de la plataforma electoral de la fuerza política gobernante, llama la atención que esa facilitación que promueve el gobierno, se inicie facilitando el acceso a armas de fuego a jóvenes de menor edad de la que estaba permitida hasta la modificación establecida por el actual gobierno, a través del decreto 1081 del año 2024.
Uno de los principales argumentos a favor de permitir que los civiles porten armas es la defensa personal. Otro argumento común es que permitir a los ciudadanos portar armas disuade el crimen.
Estos argumentos a favor de la facilitación del uso de armas de fuego contrastan con la evidencia que desaconseja categóricamente tal política pública.
Países con Estados que establecen el porte de armas abierto, como los Estados Unidos de América, exhiben tasas de homicidio por arma de fuego más altas que en aquellos con legislaciones más estrictas.
Estudios de la Universidad de Harvard y el hospital de Boston, publicados en el 2015 demuestran que los asaltos con armas de fuego eran 6,8% más comunes en los estados con niveles más altos de tenencia de armas que en los estados de menor posesión.
Igual conclusión surge de estudios publicados en revistas especializadas que demuestran como aumentaron los delitos violentos luego de la autorización de tenencia y portación de armas de fuego.
Argentina tiene una de las tasas mas bajas de uso de armas de fuego en manos de la población civil, en la región, alcanzando el 7,4 de acuerdo a datos arrojados por las investigaciones de Small Arms Survey.
Tal como lo señalan los expertos, tener más armas circulando aumenta las posibilidades de que ocurran accidentes, se cometan crímenes o surjan enfrentamientos violentos.
El acceso facilitado a armas de fuego podría llevar también a que personas sin el entrenamiento adecuado las utilicen de forma irresponsable, poniendo en peligro a otros.
En síntesis, flexibilizar el uso de armas por parte de civiles, obviamente, multiplicaría el número de armas en circulación, y como lo demuestra la evidencia, hay una mayor asociación entre las leyes más permisivas de portación de armas y una mayor cantidad de crímenes, lo que representa una seria amenaza para la seguridad colectiva.
