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Ivana Chañi
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“No podemos naturalizar estas prácticas”: abogado denunció abuso policial
Álvaro Arias Camacho, junto a su esposa, fue trasladado en calidad de demorado al Centro de Contraventores por filmar un procedimiento contra un vendedor ambulante.
Salta29/11/2024
Ivana Chañi
El abogado Álvaro Arias Camacho denunció que tanto él como su esposa, María Sol Villena, fueron víctimas de abuso policial y detenciones arbitrarias el pasado 26 de noviembre en el centro salteño. Según relató, todo comenzó cuando su esposa quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, mientras realizaba un trabajo de posgrado, filmó por casualidad un operativo policial en una de las peatonales. "Le exigieron que dejara de grabar y la acusaron falsamente de cometer una contravención para luego trasladarla", afirmó Arias Camacho en el programa “El Acople”.
Al intentar intervenir, el abogado –quien no estuvo en el lugar primeramente- también fue detenido. "Sin motivo alguno, me informaron que yo también estaba demorado. No hubo acta ni explicación legal, solo irregularidades. Me trasladaron al Centro de Contraventores donde fui despojado de mis bienes, obligado a desnudarme y encerrado en una celda sin acceso a un baño", denunció. Según Arias Camacho, este procedimiento violó múltiples normativas, incluyendo el Código Penal y tratados internacionales de derechos humanos.
El caso generó una amplia repercusión logrando una rápida viralización que tanto organismos como el Colegio de Abogados y el Comité contra la Tortura manifestaron su apoyo, mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación de oficio. “Declaramos esta mañana (por el jueves), ratificando todo lo sucedido, y ahora queda en manos de la Justicia. Esto no puede quedar impune porque refleja una práctica sistemática que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables”, aseguró Arias Camacho.
El abogado advirtió sobre la gravedad de la naturalización de estos abusos en instituciones como el Centro de Contraventores. “La violencia y las vejaciones no pueden ser una política de Estado ni una forma natural de proceder de las fuerzas policiales. Esto debe cambiar para evitar que más personas sean víctimas de estas torturas institucionales”, concluyó.
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