Ivana Chañi
Este jueves, desde las 8:30 en el Juzgado Federal N° 2 de Salta, se realizó la audiencia de alegatos de la defensa de Roberto Catalino Bejarano y sus hijos, Santiago y David, quienes están siendo juzgados por el crimen de Darío Monges en septiembre de 2022, cuyo cuerpo fue encontrado en barrio El Círculo, zona sudeste de la ciudad de Salta.
El abogado querellante Nicolás Escandar, en diálogo con Aries, desestimó los argumentos presentados en los alegatos de la defensa, a cargo de la Dra. Clarisa Galán. “La defensa no conmueve ninguna de las evidencias que hemos presentado. Las pruebas demuestran que Darío se reunió con los Bejarano, subió a la camioneta y fue asesinado allí”, afirmó Escandar. “Existen pruebas suficientes para condenar a los Bejarano”, enfatizó.
El letrado subrayó que, aunque el motivo específico del crimen aún no está totalmente claro, esto no impide una condena. “No es requisito conocer el motivo para condenar. Sin embargo, está probado que había una relación de narcotráfico entre Monges y los imputados. Se trataba de un marco de ilegalidad donde cualquier chispa podía desatar un incendio”, sostuvo. Además, mencionó testimonios que detallan movimientos de droga de gran escala entre los acusados y la víctima.
Escandar también se refirió a la hipótesis de posibles autores intelectuales detrás del asesinato. “Hay que profundizar la relación de Monges con otras figuras clave, como Benjamín Cruz o el “Gringo” Palavecino. No descarto que haya alguien más que dio la orden. Estamos juzgando a quienes apretaron el gatillo, pero debemos investigar si hubo autores intelectuales”, explicó, señalando que será un punto a abordar tras la conclusión de este juicio junto al fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la investigación.
Finalmente, el abogado defendió la validez de las pruebas obtenidas en la investigación, aclarando que los procedimientos fueron realizados con el consentimiento de los implicados. Esto lo dijo ante declaraciones de la defensa acusando irregularidad en los allanamientos. “Todo se llevó a cabo bajo prácticas comunes de la provincia. Los imputados no mostraron objeciones durante los allanamientos, lo que valida la legitimidad de las pruebas recolectadas”, concluyó.
