Víctimas

El FISU, como se conoce este fondo, fue una de las primeras víctimas de la motosierra de Javier Milei. Fue creado por decreto hacia el final de la gestión de Mauricio Macri y puesto en marcha durante la de Alberto Fernández con la ley 27.453. Su objetivo principal es financiar proyectos de integración socio urbana para los conglomerados de viviendas humilde que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios.

En el registro se inscribieron casi 6.500 urbanizaciones precarias, distribuídas en todo el territorio nacional; en la provincia de Salta son 639 los barrios populares y allí viven más de 39 mil familias con severas carencias que van desde la ausencia de títulos de propiedad a la falta de todo tipo de servicios. El departamento San Martín es el que tiene la mayor cantidad de gente establecida en este tipo de conglomerados urbanos.

Pese a la importancia social de esta iniciativa, en febrero pasado se produjo un cambio de carácter funcional, luego que se conocieran denuncias mediáticas respecto de que el FISU era una caja que servía al Movimiento de los Trabajadores Excluidos que lidera Juan Grabois. En abril, el 9% que se tomaba de la recaudación del impuesto PAÍS quedó reducido al 1%; un 94% se destinó a obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuó con el mismo 5% del producido. Además, desde el Ministerio de Capital Humano pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

Fuertes razones justificaron ese paso ya que el Fondo de Integración Socio Urbana no solo se financia con el Impuesto PAIS, sino que suma préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Aporte de Nación y por única vez se benefició con el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas de 2021. Es así que desde 2020 llegó a manejar $550.000 millones que se invirtieron hasta el 31 de diciembre de 2023, en 207 mil obras de desarrollo urbano, incluyendo la dotación de los servicios esenciales. Una de las líneas más difundidas fueron los programas de mejoramiento de vivienda, como la llamada “Mi Pieza”. 

Actualmente está todo virtualmente paralizado, como consecuencia de su desfinanciamiento y las perspectivas no son mejores. De allí que el Concejo Deliberante capitalino haya aprobado en su sesión del miércoles pasado una declaración instando a los legisladores nacionales a realizar las gestiones necesarias para evitar que el FISU desaparezca y con él todas las posibilidades de mejoras de los barrios populares, como ordenara la Justicia Federal, en respuesta a una medida cautelar que presentó el CELS en representación de personas que viven en 35 puntos del país. Impuso un plazo perentorio al Ejecutivo Nacional  para continuar con la política de integración socio urbana suspendida. En tanto, el Congreso Nacional deberá establecer medidas que aseguren los mecanismos de financiamiento, incluyéndolos en la discusión sobre el presupuesto del año que viene.
Entendiendo que los barrios populares son parte integral de Salta y de la Argentina, y su situación debe ser atendida por todos los funcionarios y legisladores, tanto provinciales como nacionales, el concejal oficialista José García pidió que se den respuestas claras sobre cómo se financiarán y ejecutarán las obras necesarias. Desde el PRO y La Libertad Avanza hubo oposición al considerar que debe menguar la presión impositiva.

Lo cierto es que la pobreza en Salta obliga a resolver estas situaciones sin poner a la población vulnerable en una puja con sectores con mayor capacidad de resolución.

Salta, 28 de noviembre de 2024