Previsibilidad

A poco más de una semana del fin del período ordinario, el proyecto de presupuesto 2025 no registra avances hacia su aprobación.

Los legisladores exhiben una extensa lista de iniciativas sobre las que estuvieron trabajando en todo el año parlamentario y si bien comprenden las urgencias de los mandatarios, sus prioridades tornan complejas las tareas que tienen por delante. La segunda parte de este año, luego de haber aprobado las leyes que exigía la gobernabilidad de una nueva gestión, no se consolidó la necesaria unidad de acción de los distintos sectores con representación en el Congreso, que hubiese permitido que en los plazos correspondientes se contara con la ley de leyes.  Pero no este el caso.

Todos los gobernadores, al margen de su extracción política, han venido reclamando el presupuesto. Demandan previsibilidad, virtud esencial para la administración de un Estado pero que estuvo ausente en este período fiscal durante el cual rigió la prórroga de un esquema de recaudación y distribución de recursos que fue propuesto por la anterior gestión y en 2022. 

El cambio que significó el modelo de gobierno impuesto por Javier Milei tapó las consecuencias de la restricción en el giro de recursos, por la supresión de fondos y programas a través de los cuales fluía el financiamiento de acciones obras de los gobiernos provinciales . Con un presupuesto como el que ya fue presentado en septiembre pasado y la consecuente discusión parlamentaria, que atienda las legítimas pretensiones de los 24 distritos, se esperaba retomar la atención de las particularidades de cada provincia. No parece que sea lo que va a ocurrir; sin déficit cero nada es atendible.

La Ley de Presupuesto Nacional es la que determina de qué forma se van a invertir o gastar los recursos del Estado, que tiene como principal fuente de financiamiento a la recaudación tributaria, cuya porción más significativa es aportada por los ciudadanos en su conjunto. Esa determinación se hace en base al plan de gobierno que diseña el Poder Ejecutivo y se discute durante el trámite parlamentario. Nada queda sujeto a la voluntad de la Presidencia como acto excluyente de la representatividad que tienen los parlamentarios. 
Las facultades del Congreso en torno de recursos y gastos están delimitadas por normas de raíz constitucional.

Tiene atribuciones respeto de la determinación de las fuentes de ingresos, correspondiéndole incluso la autorización para contraer empréstitos. En materia de gastos, el Congreso dispone la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias, el otorgamiento de subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas sean insuficientes para cubrir sus gastos ordinarios y se reserva el arreglo del pago de la deuda interna y externa de la Nación.

“Argentina debe tener un Presupuesto, es lo que expresó el radicalismo, en la convicción que la economía debe tener una hoja de ruta que le dé previsibilidad. Y sobrevino el pedido al Poder Ejecutivo de prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias, cuando el 30 de noviembre cierre el año legislativo. Esas son atribuciones del Presidente, que está  limitado de echar mano a recursos extraordinarios para eludir una discusión a la que no quiere llegar sin acuerdos. 

Son horas definitorias y no solo para el presupuesto.

Salta, 21 de noviembre de 2024