Fallas

No es precisamente una decisión que la Legislatura se apure en adoptar pero la similitud con otros casos, indica que es posible que ese sea el desenlace.

La detención domiciliaria por su imputación en el robo y contrabando de rieles de  Atta Gerala, intendente del municipio de Rivadavia Banda Norte, también conocido como Morillo y Coronel Juan Solá, genera una situación institucional que anticipa la posible participación de ambas cámaras en su resolución. El antecedente más inmediato ocurrió en setiembre pasado y aún cuando sólo pesaba una investigación en sede judicial, se procedió a intervenir Aguas Blancas, en el departamento de Orán.

El juez  federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó el miércoles la imputación contra el jefe comunal, pedida por el fiscal general federal Eduardo Villalba, quien lo acusó por los delitos de "contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario". Usando su condición de intendente, según el fiscal puso a disposición herramientas y maquinarias municipales para que su hijo, José Miguel "Yopi" Gerala, y otras personas sacaran rieles de las vías del Ferrocarril Belgrano para venderlos en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

No sorprende que este dirigente político de la zona socialmente más compleja de la Provincia esté involucrado a un nuevo hecho delictivo. Tiene una larga historia de vinculación con el poder, que ejerce desde hace décadas desde la intendencia, sumado a su condición de ser un próspero empresario. La actual denuncia no es la primera que contiene su historia de hombre fuerte de un municipio débil. Ya hay expedientes judiciales por malversación de fondos públicos. En 2016, fue procesado por el delito de peculado, luego de una denuncia presentada en 2011 por Marcela Carabajal, quien puso un paréntesis en el ejercicio de la intendencia de Morillo. Ese proceso avanzó hasta que en 2019, la causa fue elevada a juicio en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal y aún se aguarda que se ponga fecha para que se realice.

Frente a estas circunstancias, la vida institucional de los municipios se muestra como liberada a la voluntad de referentes políticos que toman el poder para su conveniencia personal. Sin embargo, desde la Constitución Provincial hay un complejo entramado de normas que permite llevar adelante un control estricto para evitar cualquier desvío, sea político o económico. La responsabilidad de los Concejos Deliberantes es muy amplia en ese orden.

Ese entramado deja a la intervención del gobierno municipal como un recurso extremo.  El artículo 179 de la Constitución Provincial en su inciso 2 lo establece como un mecanismo para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional. De esa manera limita la posibilidad de su uso, para evitar avanzar sobre el federalismo, la autonomía de los municipios pero, especialmente, la soberanía de cada pueblo de determinar quienes son sus gobernantes a través del voto popular.

Sí debe anotarse que son muy frecuente los hechos que motivan que sea la Justicia la que concurra a frenar el uso espurio de los recursos de los municipios. En ese orden, se debe reconocer que hay fallas en el sistema provincial de control público.

Salta, 14 de noviembre de 2024