La oficina de presupuesto del Congreso de la Nación publicó estos días el análisis de la ejecución presupuestaria de la administración nacional hasta el mes de octubre del corriente año.
Opinión11/11/2024 Juan Manuel Urtubey
De acuerdo a lo que señala este informe, que comparto con ustedes, en el transcurso de los diez meses del presente año la Administración Nacional tuvo un superávit primario de 9,6 billones de pesos y un resultado positivo financiero -que computa el pago de intereses de la deuda- de 1,8 billones de pesos.
El superávit es un logro importante para el gobierno, aunque el camino elegido ha llevado a la Argentina a profundizar la recesión que hace tiempo nos golpea. Por otro lado, el esfuerzo, no ha sido equitativo, cayendo principalmente sobre los sectores más vulnerables.
La recesión se evidencia en los ingresos de la Administración Nacional, que, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se redujeron el 5,0% respecto al mismo lapso del año anterior, con un comportamiento diferente en los gravámenes ligados al comercio exterior, que crecieron 11,8%.
Yendo a la inequidad del esfuerzo, debemos señalar que mientras los gastos totales se contrajeron el 27,7% , los gastos de capital se redujeron un 77,5% y las transferencias a provincias el 76,9%.
Las jubilaciones y pensiones, a su vez, cayeron el 18,9% y continúan representando el concepto que explica la mayor parte de la baja del gasto.
Los gastos primarios se recortaron 29,7% y los intereses, 8,7%.
El gasto en jubilaciones y pensiones cae como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos otorgados a jubilados y pensionados de menores ingresos. El poder de compra promedio de diez meses del 2024 registra una caída de 23,3%, en tanto los haberes mínimos, complementados con bonos perdieron 16,9%, siempre respecto a 2023.
Respecto a la relación con las provincias, producto de la dinámica de los impuestos no coparticipables o con asignación especifica a la Administración Nacional, los recursos asignados a ésta última han tenido en el acumulado a octubre un desempeño superior al de los recursos totales y los distribuidos al conjunto de las provincias.
Contribuyeron a la caída del 76,9% de las transferencias a provinciales, la reducción en el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, la virtual desaparición de la asistencia financiera a las provincias y municipios por diversos convenio firmados con el Estado Nacional, que se redujo un 99,7%, y la disminución del 72,8% de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
En sentido contrario se registraron transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 300 mil millones de pesos en el marco del convenio firmado con el Estado Nacional por la transferencia de funciones de seguridad en todas las materias no federales.
Como se evidencia con absoluta claridad, el superávit fiscal se logró a costa del fuerte ajuste a los jubilados, las universidades nacionales y fundamentalmente al castigo a los habitantes de las provincias argentinas, no sólo apropiándose de los fondos coparticipables, sino también a través de la absoluta desinversión en obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar las condiciones para favorecer el desarrollo equitativo de las distintas regiones del país, mientras sigue aumentando los fondos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo