La comunicación de la renuncia de Diana Mondino a la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y su reemplazo por el actual embajador en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, sugiere que hubo un desvío de la transformación de la política exterior del país encarada por el gobierno libertario. De allí que a este alejamiento le sucederá una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, “con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad".
“La Argentina atraviesa un período de cambios profundos, y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de la libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales”, se afirmó en el Comunicado Oficial 65 de la Oficina del Presidente. La decisión cuestionada -que le costó el cargo a la ministra Mondino por actuar consecuentemente con la tradición diplomática argentina- fue apoyada por 187 países que, en la Asamblea General de Naciones Unidas, votaron a favor del fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Solo se opusieron Estados Unidos e Israel y se abstuvo Moldavia. Esta posición es sostenida por la Argentina desde 1992 sin que nadie en el país cuestione esa línea.
Lo ocurrido en esta oportunidad convoca a observar la política exterior como un elemento fundamental para la inserción en el mundo. En ese orden resulta importante analizar si constituye una política pública en tanto planeación con visión de largo plazo, que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes, como la definen los especialistas.
Al respecto sirve considerar las apreciaciones de Víctor Toledo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, autor de libros y artículos científicos sobre la especialidad, quien destaca en un artículo sobre la Política Exterior Argentina como Política de Estado, sobre el papel que juega la Cancillería. Considera que es importante a la hora de materializar la orientación política fijada por el Ejecutivo en objetivos concretos por lo que resulta de gran relevancia el carácter profesional de sus cuadros. A su juicio es lo que “en cierto sentido permitió fijar ciertos ejes de continuidad desde 1983, como el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas a través de la negociación; utilización de la energía atómica con fines pacíficos y condena al terrorismo internacional en todas sus manifestaciones”. Asegura que, sin embargo, otros ejes importantes no han tenido esa estabilidad y han cambiado de manera notable de gobierno a gobierno, como, por ejemplo, la relación con los Estados Unidos; la preferencia por determinados foros u organismos regionales; la postura frente a los organismos internacionales de crédito; la situación de los derechos humanos en determinados países; la relevancia concedida al Mercosur como proceso de integración, por citar algunos ejemplos.
En la formulación de los objetivos de la política exterior el Poder Ejecutivo nacional tiene un rol prioritario, pero no es exclusivo ni excluyente. En realidad, la Constitución Nacional reconoce que es uno de los poderes delegados por las provincias al gobierno federal y el orden federal, según marcan los especialistas, incluye a las provincias y sus poderes no delegados. Ocurre que la Argentina presenta, históricamente, muestras de un centralismo muy marcado que distorsionó el federalismo.
Quizás porque electoralmente no es un tema redituable, la política exterior no tiene mucha presencia en la agenda política, en la que fue desplazada por la economía. Pero los acontecimientos de estas horas permiten verificar que es un debate abierto porque, en definitiva, se trata de determinar cómo la Argentina debe insertarse en el mundo.
Salta, 31 de octubre de 2024
