
Consideró que no hubo prevaricato y que el accionar de la Corte Suprema fue legal. La denuncia apuntaba a la supuesta rapidez del fallo.
Según la querella, los fundamentos para conseguir el beneficio "no cumplían con lo que marca la ley".
Judiciales25/10/2024El Tribunal de Impugnación, Sala IV, hizo lugar al recurso de apelación presentado por la querella y la fiscalía, por lo que el exfuncionario provincial Oscar Mario Aguirre retornó a cumplir su condena en prisión tras haber apuñalado 13 veces a la hija de su expareja.
En ese sentido, el abogado querellante, Federico Ruiz Mattei, en El Acople, aseguró que su clienta estaba muy afectada tras el beneficio otorgado a su atacante. “Tenia mucho miedo, estaba encerrada, no podía salir a ningún lado. Lo primero es resguardar a la víctima, pero no lo hicieron. Ella quedó psicológicamente muy afectada. No pusieron ningún tipo de control”.
“Su defensa pidió la domiciliaria apelando a su edad y a una condición médica. La ley refiere que una persona de 70 años no puede estar en un penal pero este recurso no se aplica de forma inmediata, así también como la condición médica que debe ser una condición que no puede tratarse dentro de la cárcel y la defensa refirió tiroides” explicó el abogado, remarcando las irregularidades respecto al beneficio que se le había otorgado al acusado.
Así también, Ruiz Mattei señaló que la liberación se produjo “con una falta total de monitoreo y con la ausencia de un examen psicológico”. Además, destacó que tanto la fiscalía como la querella se opusieron desde un inicio a la solicitud del beneficio, argumentando la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales que establece la ley.
Es por eso que, luego del pedido de la querella para rever el veredicto, “se hizo lugar al pedido y ordenaron la inmediata detención de Aguirre”, manifestó el abogado y, con esto, la mujer recibió “alivio y tranquilidad”. “Por cuestiones de la suerte, la victima sobrevivió y, en el juicio, se demostró el odio hacia el género por lo que hubo un fuerte agravante”.
Consideró que no hubo prevaricato y que el accionar de la Corte Suprema fue legal. La denuncia apuntaba a la supuesta rapidez del fallo.
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