El alerta fue lanzado por la ministra salteña Cristina Fiore, en base al análisis del proyecto de presupuesto nacional para 2025. En base a las facultades que la ley de bases reconoce al Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia declarada por la norma que apoyó la mayoría de los legisladores salteños, se suspende la aplicación de normativa que obliga a invertir en el sector el 6% del PBI.
El análisis del proyecto, que ya empezó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, generó en los distintos sectores políticos severos reparos porque no hay fundamentos para someter a la educación detrás de una meta sesgada como es lograr el equilibrio fiscal con un ajuste que excluye a la persona humana.
Es cierto que desde que la ley nacional de financiamiento educativo impuso el nivel de inversión nunca se alcanzó el tope, no menos cierto es que la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza contiene el valor más bajo desde 2015. La iniciativa que personalmente el propio presidente Javier Milei presentó ante el Congreso para 2025, que prevé superávit primario y equilibrio financiero, dispone una inversión en Educación para 2025 del 0,88% del Producto Bruto Interno.
La ministra Fiore le puso una cifra: es un recorte de 15.000 millones de pesos. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación explicó el impacto que esta decisión tendrá en la estructura del área. En 2025, se asignan por primera vez fondos del presupuesto al “Plan Nacional de Alfabetización”, que es lo único que se conoce que ha propuesto la gestión iniciada el 10 de diciembre pasado pero se eliminarán los programas “Mejoramiento de la calidad educativa”, “Conectar Igualdad”, “Fortalecimiento territorial” y “Acompañamiento de organizaciones educativas”.
El gobierno libertario reconoce que la educación es una obligación exclusiva y excluyente de cada provincia y en atención a ello ha comenzado a retirar fondos que se asignaban, especialmente aquellos que se aplicaban al pago de salarios a fin de trazar un piso de ingresos en todo el país. Todavía sostiene a la educación superior, al que el proyecto para el ejercicio fiscal 2025 destina un poco más del 66% de los recursos; el resto se distribuye entre el Plan de Alfabetización y los programas “Gestión educativa y políticas socioeducativas” y “Gestión y asignación de becas a estudiantes”.
Los especialistas han advertido que la eliminación del programa Conectar Igualdad es sin duda una medida regresiva muy fuerte, especialmente si se considera que el 66% de los menores de 14 años son pobres y tienen escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con las exigencias actuales. Además, el punto de partida marca un atraso dramático que caracteriza un panorama de desigualdad social desgarrante. El 93% de los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables llega al último año de secundaria sin alcanzar los niveles básicos de Matemática, índice que desciende al 63% entre los alumnos de los sectores más favorecidos.
Con una infraestructura escolar en franco deterioro en Salta y una calidad de educación muy baja, el panorama se muestra muy complicado para el gobernador Gustavo Sáenz, cuestionado por el acompañamiento que realiza a la gestión de Javier Milei.
Salta, 24 de octubre 2024
