Adaptación

Seguramente la historia institucional del país incluirá al 2024 en sus registros por los cambios que comenzaron a aplicarse al retorno de una visión minimalista del Estado nacional. Más allá de las peculiaridades del conductor de una gestión autodefinida como libertaria o anarco capitalista en algunos extremos en breve tiempo comenzaron a ponerse en caja algunos desbordes en el manejo de recursos y se alteró la jerarquía de objetivos a alcanzar desde el gobierno.

El propósito de imponer el déficit cero trasladó a todos los sectores sociales la necesidad de contribuir a los ajustes consecuentes con el retiro de subsidios, asistencias de carácter social y aportes a la administración de las provincias que en cada ejercicio fiscal acordaban con la nación la distribución de recursos al margen de lo dispuesto por el sistema de coparticipación federal. 

En los primeros diez meses de gestión también se fue perfilando un ordenamiento para los tres próximos años de mandato sobre nuevos ejes de responsabilidades.

El gobierno del presidente Javier no se hace cargo ni de obras ni de servicios esenciales para la vida cotidiana de los miembros de la sociedad Argentina. En su concepción son obligaciones excluyentes de los gobiernos provinciales y municipales. Es así que en este lapso quedaron provincias y municipios desfinanciados con obras inconclusas y sin programas de contención social.

Los datos relevantes que describen el estado de este primer tramo de gobierno de la Libertad Avanza son los de una inflación que descendió del 25% en diciembre a 3.5% en septiembre y una pobreza que trepó hasta incluir en ese dramático estado a más de la mitad de la población de todo el país con particular incidencia en las franjas etarias más bajas.

Hay otros resultados a considerar porque les imponen condicionamientos a los gobiernos locales de mayor cercanía a la población. De allí un gobernador que negocia casi a diario las soluciones que debe aportar a cuestiones insoslayables.

En estos días Gustavo Sáenz debe acordar ajuste salarial con los empleados públicos, sostener tarifas que permitan la prestación de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y cloacas y transporte urbano e interurbano, encarar la lucha contra una epidemia que no reconoce fronteras y está extendida en todo el país.

Cada región de la provincia tiene sus particularidades y la legítima aspiración de que sus problemas sean atendidos en tiempo y forma. La temporada estival no suele ser generosa y ya están reclamando medidas preventivas para evitar la afectación de prestaciones imprescindibles para la actividad económica y social.

Mucho de ello se escuchó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados lo que llevó a cuestionamientos respecto del funcionamiento de los organismos responsables.

Sí debe destacarse que hay una sociedad que se ha mostrado tolerante con capacidad de adaptarse a las exigencias de un ajuste que se impuso sin contemplaciones pero hay indicios de una conflictividad social creciente que pondrá a prueba la capacidad de gestión de un gobernador que también debe adaptarse a nuevos tiempos.