En un complejo panorama político, el gobierno provincial va acumulando situaciones que deben resolverse según las necesidades de gestión pero especialmente según demandas sociales, unas ordenan a las otras, y en definitiva las prioridades configurarán lo que va a suceder hasta fin de año.
Opinión23/10/2024
Seguramente la historia institucional del país incluirá al 2024 en sus registros por los cambios que comenzaron a aplicarse al retorno de una visión minimalista del Estado nacional. Más allá de las peculiaridades del conductor de una gestión autodefinida como libertaria o anarco capitalista en algunos extremos en breve tiempo comenzaron a ponerse en caja algunos desbordes en el manejo de recursos y se alteró la jerarquía de objetivos a alcanzar desde el gobierno.
El propósito de imponer el déficit cero trasladó a todos los sectores sociales la necesidad de contribuir a los ajustes consecuentes con el retiro de subsidios, asistencias de carácter social y aportes a la administración de las provincias que en cada ejercicio fiscal acordaban con la nación la distribución de recursos al margen de lo dispuesto por el sistema de coparticipación federal.
En los primeros diez meses de gestión también se fue perfilando un ordenamiento para los tres próximos años de mandato sobre nuevos ejes de responsabilidades.
El gobierno del presidente Javier no se hace cargo ni de obras ni de servicios esenciales para la vida cotidiana de los miembros de la sociedad Argentina. En su concepción son obligaciones excluyentes de los gobiernos provinciales y municipales. Es así que en este lapso quedaron provincias y municipios desfinanciados con obras inconclusas y sin programas de contención social.
Los datos relevantes que describen el estado de este primer tramo de gobierno de la Libertad Avanza son los de una inflación que descendió del 25% en diciembre a 3.5% en septiembre y una pobreza que trepó hasta incluir en ese dramático estado a más de la mitad de la población de todo el país con particular incidencia en las franjas etarias más bajas.
Hay otros resultados a considerar porque les imponen condicionamientos a los gobiernos locales de mayor cercanía a la población. De allí un gobernador que negocia casi a diario las soluciones que debe aportar a cuestiones insoslayables.
En estos días Gustavo Sáenz debe acordar ajuste salarial con los empleados públicos, sostener tarifas que permitan la prestación de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y cloacas y transporte urbano e interurbano, encarar la lucha contra una epidemia que no reconoce fronteras y está extendida en todo el país.
Cada región de la provincia tiene sus particularidades y la legítima aspiración de que sus problemas sean atendidos en tiempo y forma. La temporada estival no suele ser generosa y ya están reclamando medidas preventivas para evitar la afectación de prestaciones imprescindibles para la actividad económica y social.
Mucho de ello se escuchó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados lo que llevó a cuestionamientos respecto del funcionamiento de los organismos responsables.
Sí debe destacarse que hay una sociedad que se ha mostrado tolerante con capacidad de adaptarse a las exigencias de un ajuste que se impuso sin contemplaciones pero hay indicios de una conflictividad social creciente que pondrá a prueba la capacidad de gestión de un gobernador que también debe adaptarse a nuevos tiempos.
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó las acusaciones del médico Edmundo Falú y sostuvo que existen pruebas que demuestran su participación profesional en la clínica.
El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, afirmó que desde el propio Gobierno interpretaron la suspensión de prestaciones al IPS como un movimiento político. Negó vínculos partidarios y aclaró su relación con el senador.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.