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Narcotráfico y Justicia: El Ministro de Seguridad reconoce estar preocupado por los vínculos de los jueces
Marcelo Domínguez señaló que es “inédito” para la justicia salteña los procesos de destitución. En el caso del exjuez Edgardo Laurenci, aclaró que no podían rechazar la jubilación.
Salta22/10/2024
Ivana Chañi
El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, en diálogo con Aries, calificó de "inédito" y "preocupante" el proceso de destitución de jueces en la provincia, en relación con causas vinculadas al narcotráfico y otras acusaciones graves. "Es un hecho sin precedentes que en un mismo año ya hayan sido destituidos dos jueces, y un tercer juez esté bajo proceso con acusaciones muy fuertes", señaló Domínguez, haciendo referencia al juicio político en curso en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Orán Claudio Parisi, acusado por favorecer a narcos y entorpecer una investigación por el crimen mafioso de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien se encuentra en prisión preventiva. A esto hay que sumar la denuncia del procurador general Pedro García Castiella, contra el juez de Garantías N° 1 de Orán, Francisco Oyarzú por presunto entorpecimiento de causas contra narcocriminales.
Domínguez explicó que, de ser comprobadas las acusaciones, el resultado podría ser la destitución definitiva de los magistrados involucrados y la apertura de causas penales. "El juicio político es el remedio constitucional para destituir a los jueces que han fallado en sus funciones, pero si además se les imputan delitos, el proceso penal debe continuar y ser sancionados como cualquier ciudadano", subrayó el ministro.
En relación con la renuncia de magistrados durante el proceso de enjuiciamiento como la que ocurrió con el exjuez Edgardo Laurenci, Domínguez aclaró que este acto no necesariamente finaliza el proceso. "Existe una discusión doctrinaria sobre si la renuncia pone fin al juicio político o si debe seguir adelante. Sin embargo, la Constitución establece que si hay crímenes o delitos comunes involucrados, el proceso penal debe continuar", explicó, añadiendo que esto podría afectar incluso el acceso a beneficios previsionales.
Finalmente, el ministro destacó la responsabilidad del Poder Ejecutivo en estos casos, pero insistió en que es el Poder Judicial el que debe llevar adelante las investigaciones y juicios con total transparencia. "Es fundamental que estos casos se esclarezcan para que la justicia recupere la credibilidad ante la sociedad, especialmente en un área tan sensible como el narcotráfico", concluyó Domínguez.
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