La documentación, presentada ante el juzgado de Ariel Lijo, revela falencias en la rendición de cuentas y retiro de mercadería.
Judiciales10/10/2024
El Gobierno presentó nueva documentación en el juzgado federal de Ariel Lijo que demostraría que dirigentes sociales y piqueteros retiraban de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social alimentos para comedores y merenderos que no existían. Los funcionarios aportaron, por un lado, la preinscripción en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), que no pudo ser “verificada” y, por otro, los “remitos” de entrega de mercadería para esos lugares. Son miles de kilos sobre los que no hay registro de su destino. Según los archivos aportados a la justicia, los dirigentes sociales de siete organizaciones a cargo de al menos 36 comedores también firmaron millonarios subsidios “no reintegrables” que fueron objetados en su rendición.
Los resultados de cada uno de esos comedores auditados “en el territorio” por funcionarios de La Libertad Avanza fueron volcados en una planilla de Excel en la que, por ejemplo, se lee: “el domicilio no existe, es una zona rural”; “no se pudo encontrar la dirección indicada”; “los vecinos dicen que allí no funcionó nunca un comedor o un merendero”.
Los documentos fueron aportados por la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y por Ariel Romano, director general de asuntos jurídicos al juzgado de Lijo, quien delegó la investigación a la fiscalía a cargo del fiscal Ramiro González, junto con los “formularios de relevamiento de cada lugar” y los convenios firmados por las organizaciones, federaciones y asociaciones civiles a través del programa “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, proyecto “Apoyo a Comedores y/o Merenderos”.
Según la documentación a la que accedió Infobae, las organizaciones cuestionadas son Amanecer de los Cartoneros y Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada. Ambas forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTEP, uno de cuyos fundadores es el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois.
La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada recibió en 2022 $178.861.544,64 por “convenios” para asistir a 142 comedores y merenderos distribuidos en varias provincias. En este caso, la auditoría interna del ex Ministerio de Desarrollo Social giró la rendición de cuentas al “Área Programática”, que aún no se expidió y cuestionó una serie de puntos. Por ejemplo, “se ha detectado que en los comprobantes de transferencia presentados —correspondientes al Banco Credicoop— los números de transacción se repiten”, por esa razón se pidió que “se presente el extracto bancario (individualizando cada uno de los comprobantes en cuestión)”. También se objetó que los comprobantes presentados no tenían el “número de Expediente y Resolución por el cual fue aprobado el subsidio” y que a las copias de los recibos les faltaba el sello “es copia fiel del original”. También se pidió que se aporten “extractos bancarios” porque “los montos de las facturas son ilegibles”. La auditoría de Capital Humano cuestionó la existencia de nueve comedores de la Federación.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada ocupó el tercer lugar entre las 62 organizaciones más beneficiadas por la cartera de Desarrollo Social, recibiendo $1.280.029.677 en concepto de diferentes subsidios.
En cuarto lugar quedó la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, beneficiada con $1.124.752.424. En noviembre de 2023, la Dirección de Planificación y Evaluación de Política Alimentaria del ex Ministerio de Desarrollo Social realizó varios cuestionamientos a la rendición realizada sobre el último subsidio recibido por esa asociación, de más de 170 millones de pesos. Por ejemplo, se visualizaron “dispersiones en el rubro Alimentos por la suma de $4.096.167,63″. También se cuestionó la falta de sellos en las copias de los remitos de compras e incluso se le solicitó “presentar nota de descargo” de varios comprobantes “ya que los mismos son REIMPRESIONES de sus originales”.
También se detectó la “falta de facturas” por compras declaradas y “comprobantes” cuyos números “no coinciden” con la rendición. En este caso, Capital Humano cuestionó la existencia de 13 comedores que no pudieron ser “verificados” pero se retiraron alimentos para esos lugares.
Al ser consultado sobre el tema, el abogado Juan Grabois, quien denunció a Sandra Pettovello por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” —entre otros presuntos delitos— por no asistir a los comedores y merenderos, aseguró que: “El Ministerio de Capital Humano hizo un relevamiento sobre una base de datos totalmente disociada de la entrega de alimentos por parte del Estado Nacional”. Y negó de manera enfática que sean “fantasmas” los comedores denunciados ante la justicia por los abogados de Capital Humano vinculados a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros.
“El Ministerio de Capital Humano ya tiene un 50% de comedores validados donde debería estar entregando alimentos y no lo hace”, dijo y agregó: “Al menos en un alto porcentaje, el 50% restante, llamados ‘no validados’, son producto de errores de los relevadores, dificultades en el acceso a los lugares —no es fácil encontrar un comedor en una villa—, comedores inscriptos en la pandemia dados correctamente de baja, comedores inscriptos en la pandemia que no funcionan más, comedores que no pueden funcionar precisamente porque el Ministerio cortó la entrega de alimentos”. También explicó que: “Otros comedores fueron ‘no validados’ por no contar con ‘infraestructura’. La ignorancia supina de los funcionarios implica el desconocimiento de que gran parte de estos comedores se realizan en casas de familia y la comida se entrega en tuppers”.
Otras de las organizaciones acusadas de haber retirado alimentos para comedores fantasma y haber firmado convenios para adquirir alimentos para atender al sector más vulnerable de la sociedad son:
Asociación Civil La Salud en Comunidad.
Asociación Civil contra la Violencia Institucional.
Asociación Civil Latinoamericana de Acción Comunitaria.
Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social.
Asociación Civil Unión Abriendo Caminos.
Organización LADETI-Asociación Civil Latinoamericana.
El escrito de Capital Humano hace mención a que, por ejemplo, esta última organización “retiró alimentos para varios comedores, entre ellos, Los Angelitos. Según el ‘remito de salida 56382′, el 4 de agosto de 2023 del depósito de Villa Martelli salió un camión con 2.640 paquetes de fideos guiseros; 1.080 paquetes de harina de maíz; 1.700 paquetes de lentejas; 2.240 kilos de leche en polvo; 400 kilos de porotos; 1.680 envases de 250 gramos de pasas de uva y 600 kilos de yerba mate. “Sin embargo, durante la auditoría se comprobó que el comedor Los Angelitos no existía”.
Otros de esos lugares son los comedores Bichitos de Luz y Soplo de Vida, que, según surge de la documentación, pertenecen a la Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social, que también “retiró alimentos para varios comedores; sin embargo, durante la auditoría se comprobó que el comedor Bichitos de Luz, que en ese acto recibió 750 unidades de mercadería, no existía”. Lo mismo sucede con el comedor Soplo de Vida, “que recibió 750 unidades de mercadería, pero tampoco existía”.
La Asociación Civil La Salud en Comunidad también fue cuestionada el 31 de marzo de 2023 por la auditoría interna de Desarrollo Social al rendir los casi 24 millones de pesos otorgados a través de un convenio para asistir a sus comedores y merenderos. Entre otros puntos, se le objetó que:
“Las Autoridades firmantes de la Declaración Jurada no coinciden con las que suscribieron el convenio aprobado mediante RESOL-2021-567-APN-SISO#MDS”.
”Los importes consignados (en dos facturas) no se corresponden con los de la declaración jurada”.
”La Actividad económica en la cual se encuentra inscripta ante AFIP – “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P”, la COOPERATIVA DE TRABAJO AHORREMOS JUNTOS LIMITADA, no condice con los conceptos detallados en su Factura “B” N°0001-00000002 (ARTÍCULOS DE LIMPIEZA)”.
Con el nuevo escrito presentado en el juzgado de Ariel Lijo, el Ministerio de Capital Humano sumó un nuevo documento que pone la lupa sobre otros 36 comedores y merenderos que no existirían, pero que, según el informe de los abogados Ariel Romano y Leila Gianni, recibían alimentos y subsidios monetarios para asistirlos.
Con información de Infobae
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Los ediles dieron visto bueno al convenio celebrado entre la Municipalidad y las firmas La Lucinda S.A. y Santa María del Carmen S.A. Se trata de 868 hectáreas que serán destinadas a parques naturales, desarrollos inmobiliarios y una playa de transferencia.
El Colegio de Corredores Inmobiliarios y el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores emitirán informes sobre el precio real del inmueble. Se trata de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante capitalino.
Un hogar gasta $134.173 durante noviembre para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, según el informe de Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). El salario mínimo vital y móvil se ubica en $271.571,22.
El mandatario consideró que “el que tiene plata tiene que pagar por la internación” y los que no, podrían realizar trabajo comunitario en lugares como centros de salud o escuelas. "A ustedes, ¿Qué les parece?", preguntó en sus redes sociales.
El Ministro de Turismo consideró que el gobierno nacional – a la hora de aplicar sus medidas – debe mirar para adentro y permitir a los emprendedores argentinos ganar competitividad.
