A la permanente afectación de recursos provinciales que producen decisiones del gobierno nacional, se ha sumado la disolución de un fondo vinculado a la protección y conservación de bosques nativos. Buena parte de esos recursos iban directamente a quienes desarrollan los planes de manejo sostenible.
Opinión09/10/2024
La medida de eliminar el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue dispuesta por decreto. Había sido creado para implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París y para mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas en el país.
Este año se integraba con unos 15.900 millones de pesos que debían distribuirse entre las provincias como parte de los derechos establecidos por la Ley de Bosques. La decisión de disolverlo sin entregar ese dinero a sus legítimos destinatarios, genera en Salta un perjuicio notable.
El propio secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, confirmó las graves consecuencias que tendrá para la Provincia, que dejará de percibir 1.200 millones de pesos. Explicó que el 70% de esos fondos son para los propietarios de bosques que tienen planes de manejo sostenible; se trata de comunidades aborígenes, pequeños productores y conservacionistas. El 30% restante iba a fortalecimiento institucional.
Desde que este fondo se creó en 2018, a través de la Ley 27.431, se buscó facilitar la administración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y permitió un avance importante en la gestión y rendición de los fondos destinados a la protección y conservación de estos amenazados ecosistemas naturales que, debe reconocerse, generaba dudas y denuncias permanentes. Se optó, entonces, por transferencias directas a los beneficiarios de los planes, mejorando la transparencia del proceso al no tener intermediarios y obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos, un aspecto clave en un contexto de alta inflación.
Sin embargo, los considerandos del decreto de disolución fundamentan la medida en el déficit de capacidad institucional de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos. De allí es que se optó por su remisión al Tesoro General del Estado, cuestión que generó rechazo entre las entidades protectoras que ejercen una vigilancia permanente en el desarrollo de los planes de manejo, las que sospechan que será muy complejo asegurar la trazabilidad y transparencia en el uso de esos fondos a futuro. No se optó por mejorar los sistemas de administración del fondo y si hubiese malversación de los fondos públicos -como se alega en los fundamentos-, efectuar las denuncias correspondientes.
El atajo de la eliminación del Fondo Fiduciario genera resistencia -no solo en los gobiernos provinciales- porque representa un retroceso en términos de transparencia y uso de los fondos. No se podrá confirmar que los recursos económicos se destinen únicamente a proyectos pensados y monitoreados estratégicamente para cumplir con los objetivos de la ley y no sean desviados hacia otros destinos, es lo que se sostiene en el rechazo.
El desfinanciamiento de la protección de los bosques nativos, como herramienta para fortalecer la baja del déficit fiscal, redobla el esfuerzo de las provincias obligadas a cuidar recursos naturales que son de su propiedad pero también pone en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de la población que depende de esos ecosistemas.
Definitivamente, estas decisiones aportan a la opacidad de la administración de una nueva gestión de gobierno.
Salta, 09 de octubre de 2024
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