
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Medio año atrás compartí con ustedes algunas reflexiones respecto al magro presupuesto que contaban las universidades públicas para afrontar los gastos de funcionamiento.
Opinión23/09/2024 Juan Manuel UrtubeyDías después, tras la masiva manifestación en apoyo a la Universidad pública, el gobierno nacional anunció un refuerzo en las partidas destinadas a las altas casas de estudios.
Pasaron seis meses y lamentablemente hoy podemos afirmar que la partida asignada a la educación superior en 2024 será la más baja de los últimos 30 años en términos reales.
En los primeros 7 meses del año de la actual gestión, se ejecutó, a valores reales, de acuerdo al índice oficial de precios al consumidor, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023
Sumado a lo dicho, el proyecto del Presupuesto elaborado por el gobierno nacional prevé para 2025 la mitad de los fondos que reclaman las universidades.
En efecto, pese a que la proyección de la inflación del Gobierno para este año es de 104,4% y para todo 2025 de 18,3%, el presupuesto prevé un incremento del 28,5%, cuando solo la inflación acumulada en el primer semestre del año, según el INDEC, fue del 79,8%.
Hay universidades a las que le asignaron en este Presupuesto lo que consumen en un bimestre. Es irreal, advirtieron desde la Cámara de Diputados.
Los $3,8 billones previstos en el mensaje del Ejecutivo son la mitad de los fondos que las universidades reclaman. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La cifra fue acordada por más de 70 autoridades universitarias en un plenario realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. En ese encuentro, se estableció que los fondos necesarios para el próximo año se estiman en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PBI).
Frente a esto, desde el Congreso Nacional sancionaron una ley que establece que el Gobierno debe recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley (12 de septiembre) por el índice de inflación acumulada que informa el INDEC. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.
Lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional ya informo que vetará la ley que garantiza el financiamiento de las universidades, al igual que lo hizo con la actualización de los haberes de los jubilados.
Veremos si esta vez el Congreso logra insistir en la sanción de la ley o si el financiamiento universitario correrá la misma suerte que la actualización de las jubilaciones, gracias al aporte de los legisladores que fueron homenajeados por el propio presidente de la Nación al apoyar el veto presidencial.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
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