
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.
El gobierno identifica al menos 30 terrenos ocupados ilegalmente en Cachi y busca alternativas para regularizar o desalojar. Muchos ellos se presume fueron entregados con fines políticos.
Salta12/09/2024El gobierno provincial investiga la ocupación irregular de tierras en diversos municipios, incluida la localidad de Cachi, donde al menos 30 matrículas están en situación irregular. Según las autoridades, el proceso para regularizar estos lotes no será sencillo, ya que muchas de las personas que los ocupan no cumplen con los requisitos sociales necesarios para acceder a una escrituración.
En Día de Miércoles con la conducción de Mónica Abilés, la secretaria de Tierras y Bienes del Estado, Silvina Abilés, explicó que para regularizar un terreno, se deben realizar varios censos durante un período de dos o tres años para verificar que los ocupantes cumplan con los requisitos. "No vamos a regularizar a personas que tienen otros inmuebles o una capacidad económica para comprar", subrayó. Agregó, además, que en esos casos se busca cobrar un arrendamiento o vender los terrenos a precio de mercado.
Sin embargo, aclaró que en aquellos casos donde las familias sí cumplen con los criterios sociales, el Estado ofrece facilidades para la escrituración, como la exención del pago de escritura y planes de hasta 100 cuotas para adquirir el terreno. "Cuando verificamos que realmente viven ahí y cumplen con los requisitos, no les cobramos las escrituras", manifestó.
En relación a los loteos irregulares en Cachi, mencionó que se están iniciando acciones de desalojo junto a los municipios, mientras que en otros casos, donde existe una inversión considerable o derechos adquiridos, se evalúan alternativas. "Cada caso es distinto, pero no vamos a regularizar a quienes no cumplen con los requisitos", concluyó la funcionaria.
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.
El establecimiento ya está operativo y brindará, por primera vez, cobertura sanitaria permanente a la comunidad. Acercará servicios esenciales a 200 habitantes, incluyendo la Escuela Albergue, con un esquema de atención combinado.
El gobierno de Salta entregará subsidios por un total de 18 millones de pesos para que 50 clubes deportivos de capital y otros 50 del interior puedan realizar la certificación de sus estados contables. El Gobernador encabezó la firma del convenio entre el Ministerio de Economía, de Turismo y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
El secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, confirmó que los trabajos sobre calle Córdoba entran en su etapa final, tras reparar un caño pluvial y avanzar con la nueva vereda peatonal.
Tras semanas de intervención, el municipio informó que el sector afectado por un socavón volverá a la normalidad este fin de semana.
La UCASAL destacó la necesidad de jerarquizar la profesión y asegurar la formación de licenciados frente al trabajo de técnicos. Esta tarde, Diputados tratará el proyecto.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El diputado Gerónimo Arjona presentó una iniciativa para incorporar un artículo que limite los traslados docentes cuando falten menos de seis años para la jubilación, tras detectar casos de traslados masivos en los últimos años de servicio.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.