Reforma

Un plenario de comisiones encendió el motor poniendo en marcha el tratamiento de cinco proyectos, algunos de los cuales pueden caer por inoportunos. La tarea puso en evidencia la morosidad con la que se avanza en el cumplimiento de la cláusula transitoria sexta dela Constitución Nacional, reformada en 1994. Es la que impone que el régimen de coparticipación -contemplado por primera vez como tal  en el texto constitucional- y la reglamentación del organismo fiscal federal,  se establezcan antes de la finalización del año 1996. En más de un cuarto de siglo desde esa fecha,  no se ha cumplido con esa manda.

Si hubo de manera recurrente muchos intentos por avanzar, luego que una comisión constituida a tal fin no alcanzara ese objetivo en los plazos originales; con ese propósito se analizaron proyectos en diferentes ámbitos, como el de la Comisión Federal de Impuestos. Se sucedieron  numerosos debates, congresos y simposios se han suscitado sobre el tema a lo largo de los últimos años, sin lograr una salida legislativa concreta. El aporte de los especialistas fue incesante y este martes no fue diferente ya que al término del plenario se desarrolló una jornada académica para analizar la jerarquía constitucional de la coparticipación de impuestos, para consagrar el federalismo de concertación.

El objetivo de la coparticipación es coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, que -en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación- es el que recauda las contribuciones, retiene su porción y redistribuye el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente ello sucede a través del Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, vigente desde enero de 1988. Como es práctica en este país, la transitoriedad lleva casi cuatro décadas.

Un repaso de este sistema, en cuya reforma también están trabajando provincias como Salta -que tiene su propio proyecto- indica que urge efectivamente reformarlo. Algunos conceptos vertidos por los catedráticos que se reunieron con los senadores dan cuenta que, por ejemplo,  la distribución de la masa coparticipable no responde a ningún criterio objetivo; no atiende a la equidad ni a la evolución histórica por lo que resulta “un reparto de cartas”. También se indicó que es necesario instalar un federalismo dinámico, cooperativo, pero todo esto va a ser muy difícil si las provincias no pueden tener sus propios recursos. 

Eso es lo que debe cambar y lograr lo que la Constitución establece respecto  de un  reparto que exprese una relación directa entre las competencias, servicios y funciones a cargo delos distintos niveles de gobiernos y los recursos a percibir. Los convencionales de 1994 dispusieron propender a una distribución igualitaria y solidaria tendiente a lograr un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en toda la Nación. Y eso es asignatura pendiente. Salta, con una participación en la distribución secundaria del 3.8%, se ubica entre las menos favorecidas y muy lejos de provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Chaco.

Entre los proyectos que se pusieron en marcha con el plenario de las Comisiones de Coparticipación y de Hacienda y Presupuesto figuran el  que crea el sistema de coordinación financiera y fiscal, que desde 2022 empuja el senador salteño Juan Carlos Romero y el del senador radical fueguino Pablo Daniel Blanco, sobre convenio régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Los tres restantes avanzan sobre modificaciones parciales para reforzar las finanzas de las provincias.

Seguramente se avanzará a una reforma total. Al menos, ese es el propósito de oficialismo y oposición.

Salta, 04 de setiembre de 2024