Las tarifas de servicios públicos preocupan a los usuarios pero también a los gobiernos provinciales y municipales que tienen la responsabilidad de su prestación. En Salta, es el caso de agua potable y saneamiento, energía eléctrica y transporte de pasajeros.
Opinión03/09/2024
Setiembre comenzó con incrementos tarifarios y está apurando algunas demandas e iniciativas para mantener el control sobre la cuestión. La Legislatura provincial debe resolver la intención de poner un límite a través de la determinación de un punto referencial; el que tiene media sanción del Senado para los servicios que prestan EDESA y Aguas del Norte, es el Índice de Precios al Consumidor pero no convence a la Cámara de Diputados, donde el tratamiento de la cuestión ha comenzado con la intervención del Ente Regulador, que no ha convencido.Hacen falta más datos.
En el caso del boleto de ómnibus,la cuestión tiene aristas que involucran al Gobierno Nacional, que se tratan de determinar antes del tratamiento del proyecto de presupuesto nacional. En tanto,la prestadora del servicio en el Área Metropolitana tiene una estimación que lleva a mil pesos su precio antes de fin de año.
Lo cierto es que SAETA ha iniciado el proceso de análisis de la actualización del valor del boleto. La declaración del presidente del directorio, Claudio Mohr, encaja en la apreciación de una situación general de los servicios, que fue descripta por Nicolás Zenteno, referente de los consumidores, como un cóctel tremendo en el que -en un año muy difícil- se mezclaron aumentos de precios y devaluación de la moneda. Por su parte, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, reconoció que la inflación y los incrementos salariales empujan al Gobierno salteño a aceptar la discusión por la readecuación de tarifas.
Respecto del transporte público, trata de hacer un equilibrio entre el aumento de costos y el esfuerzo económico para mantener una tarifa acorde y también los beneficios de la gratuidad para estudiantes y jubilados. Los cálculos llevan a determinar que el nuevo valor estará sobre el promedio del resto de las provincias, que se ubica entre los $850 y $950.
Este tema se discute a nivel nacional y fue planteado en el Congreso por Marcelo Ferraris, presidente del Comité Federal de Transporte. A diferencia de los otros servicios, en este caso está en juego un Fondo Compensador, que retroalimenta todo el sistema económico. Era un subsidio que apuntaba a eliminar las asimetrías existentes entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires, cuestión que era una materia pendiente cuando el gobierno de La Libertad Avanza suspendió su aplicación, profundizando la postergación de todas las provincias.
El Fondo Compensador del Interior repartió el año pasado 102 mil millones de pesos destinados a cubrir parte del valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007; en 2019 se modificó el sistema y se acordó que las provincias debían aportar parte de los subsidios. Al momento de su eliminación, un boleto promedio en el interior costaba 3,1 veces más que el boleto mínimo que se pagaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por estas horas, el área privilegiada está perdiendo los favores pero la franja marginal no los ha ganado.
La embestida que han realizado la Red de Intendentes de Capitales -incluido Emiliano Durand, de Salta-; el Comité Federal de Transporte y los diputados de las Comisiones de Defensa del Consumidor y de Asuntos Municipales, dejó en manos de la de Transporte una definición que se adoptaría este jueves.
En esta materia, no parece que el mercado vaya a solucionar por sí solo un viejo problema. Hay varios proyectos en análisis, algunos de ellos tienden a subsidiar a la oferta, otros a la demanda pero en todos los casos, la salida es una y es con la asistencia del Estado.
Salta, 03 de setiembre de 2024
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
La Patria libre volvió a cumplir años. Vengo de la querida vecina provincia de Tucumán, donde —como desde tiempos inmemorables— se volvió a vivir la emocionante liturgia de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional.
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
Lo que está en juego cuando el poder no tiene memoria.
El director del INTI Salta, destacó el respaldo de más de 200 cámaras industriales y 1000 pymes a la labor del instituto, y explicó cómo se trabaja a demanda de los gobiernos y entes provinciales, sin fines de lucro.
Sergio Camacho, a cargo de Enlace y Relaciones Políticas, afirmó que el gobernador aún no definió alianzas, aunque se afirme en off.
El titular de ADP, Fernando Mazzone, advirtió que no descarta un paro docente si el Gobierno no mejora la oferta salarial tras las vacaciones.
La decisión fue comunicada por carta documento y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora. Denuncian que no hubo comunicación previa ni plan alternativo para la atención de los beneficiarios.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización el próximo lunes 14, en rechazo a la decisión de cerrar el centro de salud, lo que dejaría a 100 empleados sin trabajo y a miles de jubilados sin atención médica.