Condenaron a un contador por desviar dinero público a su cuenta bancaria personal

El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado celebrada ante la Sala 7 del Tribunal de Juicio en la que el contador público Juan Ramón Maizares fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado.

La intervención de UDEC inició a finales de enero de 2022 cuando Lucrecia Fátima Cintioni, quien ocupaba el cargo de Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, presentó una denuncia por la sustracción de caudales públicos .

La irregularidad fue descubierta cuando un proveedor reclamó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que el sistema de la SAF mostraba que la misma había sido realizada en una fecha específica. Al investigar, Cintioni descubrió que el dinero había sido depositado en la cuenta personal de Maizares, quien posteriormente efectuó el pago al proveedor desde su propia cuenta, y no desde la cuenta oficial del gobierno.

La investigación reveló al menos ocho maniobras similares, todas realizadas con el mismo método y aparentemente conectadas entre sí. Todos los proveedores afectados en su momento presentaron reclamos por la manipulación de sus transferencias.

En la acusación, la UDEC sostuvo que Maizares desvió los fondos deliberadamente para su beneficio personal, manipulando un archivo de texto generado automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable.  Esta alteración, difícil de detectar porque Maizares mantenía registros duplicados de los archivos, permitía que las transferencias se redirigieran de manera fraudulenta a su cuenta bancaria, sin dejar rastros de la manipulación informática.

Además, la investigación reveló que Maizares, quien se desempeñaba laboralmente en la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de la Provincia de Salta, aprovechaba los retrasos de los bancos en procesar las transferencias para ocultar sus movimientos ilícitos.